Por Rogelio Rodríguez Mendoza
En menos de 30 minutos, y con la ausencia de las bancadas del PAN y PRI, el Pleno del Congreso del Estado, integrado por mayoría de Morena, derogó las reformas panistas que habían convertido en Super Fiscalía a la Fiscalía General de Justicia del Estado, y que la facultaban para expedir una constancia de no antecedentes de corrupción.
La sesión extraordinaria, que había sido programada para las 12 horas, estuvo a punto de cancelarse por falta de quorum, pero la presencia de la única panista, Linda Mireya González Zúñiga, permitió reunir los 19 legisladores que se requerían.
Así, la bancada morenista pudo aprobar, sin debate y por unanimidad de votos, la iniciativa de decreto enviada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, para reformar las disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal; de Seguridad Pública; Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Orgánica de la Administración Pública.
Con ello, se le quitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, el mando del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que incluye al C-4 y a los C-5; y de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
Ambas instancias regresarán a depender, el primero, de la Secretaría Gobierno, y la UIFE de la Secretaría de Finanzas, como estaban hasta el pasado 30 de junio, cuando a propuesta del PAN se emitió el decreto que los colocó dentro de la esfera de competencia de la Fiscalía.
Previo a la votación de los dictámenes respectivos, emitidos por la Diputación Permanente apenas el pasado martes, el diputado de Morena, Elipaleth Gómez Lozano, señaló que la reforma era necesaria para garantizar la adecuada atención de asuntos en materia de seguridad pública.
“Resulta necesario contar con las condiciones jurídicas para estar en consonancia con la estrategia nacional de seguridad” argumentó.
A propuesta del también morenista, Marco Antonio Gallegos Galván, el dictamen solamente fue modificado en los transitorios 3, 5 y 7, para garantizar la adecuación presupuestal que requerirá el traslado de ambas instancias gubernamentales a las secretarías general de gobierno y de finanzas.
Lo anterior, porque en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023, aprobado el pasado 14 de diciembre, ya se habían autorizado las partidas correspondientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Además, la modificación señala que los recursos humanos tanto del secretariado ejecutivo como de la Uife, , se reincorporarán a las áreas dónde estaban adscritas hasta antes del 30 de junio.
ELIMINAN CONSTANCIA ANTICORRUPCION.
En la misma plenaria extraordinaria, en menos de cinco minutos, fue aprobado un dictamen que le quita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la facultad de expedir la carta de antecedentes de no corrupción.
Se trata también de una disposición que el PAN había colocado en la ley en junio pasado, a través de la cual se obligaba a todo proveedor del gobierno del estado y municipios, a obtener previamente una carta de antecedentes de no corrupción, expedida por la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
Este jueves, la diputada de Morena e integrante de la Diputación Permanente, Úrsula Patricia Salazar Mojica, señaló que la constancia de no corrupción no es un instrumento que se encuentre relacionado a la actividad de la fiscalía, ya que no es un trámite que dicha autoridad requiera para investigación y procuración de los delitos.
“Se considera como un requisito burocrático y por lo tanto existe una invasión a las facultades de dichas de dichas autoridades” indicó.
De esa forma, con la iniciativa aprobada, ya no se exigirá el documento a los proveedores.
Las reformas anuladas formaban parte de una serie de iniciativas que el PAN impulsó y aprobó en junio pasado, para ponerle trabas en su inicio a la actual administración estatal del gobernador, Américo Villarreal Anaya.
