MADRID, España, enero 2 (Agencias)
Una vez que se dijo adiós al 2022, quedó el registro de muchos famosos que anunciaron sus separaciones en 2022. Entre ellos Gerard Piqué y Shakira, quienes desde que hicieron pública su ruptura el pasado mes de junio, han acaparado todas las portadas. Y no es para menos, ya que el futbolista se dejaba ver escasas semanas después acompañado de su actual pareja, Clara Chía.
Todo ello desató infinidad de comentarios y mensajes de apoyo a la colombiana, que desde un primer momento se volcó plenamente en sus hijos y decidió que el futuro de ellos estaba lejos de España, por lo que pronto viajarán a Miami junto a ella para comenzar una nueva vida alejados del foco mediático.
Mientras tanto, Piqué anunciaba su retirada del Futbol Club Barcelona y revelaba un nuevo proyecto de la mano de Ibai Llanos, Kings League. Un proyecto en el que se ha volcado plenamente y junto a él, toda su familia. Sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, han mostrado en todo momento un apoyo incondicional a su hijo y a Clara Chía, con quien han coincidido en más de una ocasión.
El equipo de Europa Press Reportajes pudo hablar con el padre de Piqué, quien ha preferido no develar si finalmente Shakira se marchará a Miami dentro de poco para que los niños empiecen allí el colegio. Joan Piqué tampoco ha querido decir si son ciertas las informaciones que apuntan que no tiene buena relación con la madre de sus nietos.
Por su parte, no ha querido revelar de cómo han acogido en la familia a la nueva pareja de su hijo, Clara Chía, quien parece estar del todo integrada ya que hace poco incluso viajó con sus cuñados a Praga o se dejó ver en el mismo evento que sus suegros.
UN AÑO DE PROBLEMAS FISCALES PARA SHAKIRA
La cantante Shakira criticó “los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España”.
Según un comunicado de la agencia de comunicación de la artista, en noviembre pasado su abogado presentó ante el Juzgado de Instrucción el escrito de defensa en el juicio que Shakira afronta por presuntamente defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014.
“Es inaceptable el hecho de que, en su acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales”, aseveró Shakira en el comunicado, en referencia al derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia.
El escrito sostiene que su conducta fiscal es “impecable y que nunca ha tenido problemas tributarios con ninguna otra jurisdicción” y ha calificado de esporádica la presencia de la artista en territorio español durante el periodo investigado.
Reprocha a las acusaciones utilizar “pagos realizados con una serie de tarjetas de crédito pertenecientes a su equipo y allegados” para acreditar la presencia de Shakira en el país.
También destaca que España “supone tan solo el dos por ciento del origen de sus ingresos mundiales” y asegura tener datos fehacientes que acreditan su vida itinerante.
Así, el comunicado afea a la Agencia Tributaria no haber “tenido en cuenta en absoluto cuál es el modus vivendi de los artistas cuya carrera se desarrolla a nivel internacional” y le acusa de convertir el juicio oral en una suerte de circo mediático para dañar el prestigio de la cantante, así como de utilizarla con fines ejemplarizantes.
PRESUNTO FRAUDE DE 14.5 MILLONES
Según la jueza, Shakira supuestamente defraudó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –con un total de 12.371.197 euros– y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) –2.191.771 euros–, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.
La Instrucción constató que la artista supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014 a pesar de estar obligada a hacerlo porque, según la jueza, es donde tenía su residencia fiscal, ya que había estado en el país más de 183 días al año, mientras que Shakira dice haber residido en Bahamas.
La Fiscalía le reclama una condena de ocho años y dos meses de prisión; la Abogacía del Estado le acusa de tres delitos contra la Hacienda en declaraciones del IRPF de 2012, 2013 y 2014, y la Generalitat, de tres delitos contra la Hacienda en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de los mismos años.
