Rogelio Rodríguez Mendoza
Durante el 2022, 515 servidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Así lo señala una iniciativa de decreto presentada por el diputado de Morena, José Braña Mojica, con la que propone reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la que se destaca el grave problema de corrupción que impera en la entidad.
De las 515 investigaciones iniciadas el año pasado, 290 están en trámite, las cuales representan el 56 por ciento.
Otras 225 fueron resueltas, y de estas 14 fueron judicializadas, con nueve vinculaciones a proceso.
“Las 225 estadísticas presentadas aquí no son tan exhaustivas como quisiera, pero sí nos ofrecen una panorámica general de la situación que guarda Tamaulipas en esta materia, que en una gran medida inhiben el proceso de crecimiento económico de la región, y de esa manera impacta en otros rubros como el desempleo y, por supuesto, en la calidad de vida de los tamaulipecos”, detalló el legislador.
En ese sentido, dijo, es urgente que los diputados contribuyan para abatir el fenómeno de la corrupción.
Una manera de hacerlo, precisó, es eliminar cualquier traba u obstáculo que pueda limitar el combate a la corrupción.
Por esa razón, con su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado se busca generar las disposiciones necesarias para retirar de inmediato a un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos, cuando se vea involucrado en un conflicto de interés con el asunto a su cargo, o exista queja o denuncia en su contra por presunta mala conducta en el ejercicio de sus funciones.
Para ello, propuso adicionar la fracción X al artículo 26 de la citada ley, para establecer como facultad del titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos: “Retirar de inmediato del conocimiento de una carpeta de investigación, cuando se presente una queja o denuncia por una de las partes en contra del Ministerio Público que la tenga a su cargo, sea por presuntos hechos de corrupción cometidos en la misma carpeta o en diversa”.
Actualmente, explicó, existe una “laguna” en la ley, porque no establece el retiro inmediato del agente del Ministerio Público sobre el que pesa una acusación.
“El referido dispositivo no contiene estipulación alguna con respecto a los casos en los que el Ministerio Público esté conociendo de una carpeta de investigación, y durante su desarrollo incurre en un presunto hecho de corrupción y se presenta la denuncia correspondiente en su contra”, mencionó.