abril 29, 2024
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enero 18, 2023 | 449 vistas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La justicia federal le negó la protección al fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, dentro de un juicio de amparo que promovió contra una resolución del Centro Nacional de Inteligencia, quien lo reprobó en los exámenes de control de confianza.

De acuerdo a la resolución dictada dentro del juicio de amparo 2834/2022, el Juez de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, con residencia en Reynosa, le negó al funcionario estatal la suspensión definitiva.

Con ello, el Congreso del Estado quedará en libertad para iniciar el proceso legislativo que reemplazará al responsable del combate a la corrupción y proceder a designar a su sustituto.

El pasado 26 de octubre, el fiscal general de justicia del estado, Irving Barrios Mojica, envió un oficio al Congreso del Estado, para notificar del resultado reprobatorio de Ramírez Castañeda en los exámenes de control de confianza que le aplicó el Centro Nacional de Inteligencia, lo cual lo impide para continuar en el cargo.

“En atención a los exámenes de control y confianza del personal que por la naturaleza de sus funciones se ubican en la clasificación de “Altos Mandos” de los que se advierte que el referido servidor público no cumple con los requisitos que señalan los numerales 24 fracción VII y 64 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Lo que se hace de su conocimiento en atención al párrafo tercero de la fracción XXI del artículo 58 de la Constitución del Estado de Tamaulipas”, detalla el oficio enviado por Barrios Mojica.

Ante ello, Ramírez Castañeda promovió un amparo, y el tres de noviembre, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguiar, informó de una suspensión provisional otorgada al quejoso por el Juez de Distrito, lo que ataba de manos al Congreso para proceder a su reemplazo.

Sin embargo, al negársele la suspensión definitiva, el Congreso queda en posibilidades de desahogar el procedimiento legislativo correspondiente para nombrar un nuevo fiscal.

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