Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) no se ha pronunciado en por lo menos 15 procedimientos especiales sancionadores (PES), que debieron resolverse en mayo del 2022.
Lo anterior contraviene con el fin que se persigue con la integración de los PES, tomándose en cuenta que se deben resolver con celeridad para inhibir conductas en el momento preciso en el que se desarrolla un proceso electoral, estableció Marcia Laura Garza Robles.
La presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, en el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), dijo que si bien la ley no establece un término para resolver, a partir de que se admite el expediente se dispone de seis días para sesionarlo.
“Sin embargo, sí hay sentencias que en su momento emitió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre pronunciamientos de la autoridad jurisdiccional de Tamaulipas en donde decía que un plazo razonable para resolver un expediente era de 15 días”, señaló.
La Consejera del Instituto Electoral señaló que a meses de que terminara la elección de gobernador en Tamaulipas, todavía hay procedimientos por resolver tanto de la Sala Regional como del Tribunal Electoral del Estado.
De los 15 PES en los que no se ha pronunciado el Tribunal local, consideró que el Ietam se mantiene atento al sentido de la resolución, toda vez que se trata de expedientes que no han causado firmeza, sobre todo de aquellos que datan desde mayo del 2022 y no se han resuelto a enero del 2023.
Más allá de la obligación que se tiene que cumplir y de que se establezcan o no sanciones, incluso que apenas se pronuncie por el fondo del asunto y el efecto que pudiera tener, se pierde el sentido o la finalidad de lo que se busca con la integración del procedimiento sancionador.
Garza Robles aceptó que si bien no hay un plazo fatal para resolver esos expedientes, los justiciables siempre podrán acudir ante Sala Regional para declarar una omisión, donde en caso de que no hubiera una justificación, real o de fondo, estaría la instancia jurisdiccional obligada a pronunciarse.
