Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guarda una preocupante secrecía sobre los asuntos que involucran a militares, denunció la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
El mejor ejemplo de ello, precisó, es el relacionado con el proyecto de sentencia correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 63/2019, promovida por la CNDH en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
La Corte no publicó la sentencia, con lo que deja evidencia de que continúa dando un preocupante trato de secrecía e irrelevancia a los asuntos relacionados con la militarización de la seguridad pública.
La ONG recordó que la ley, adoptada a raíz de la creación de la Guardia Nacional en 2019, buscaba atender la necesidad de contar con un registro fiable y actualizado, en el que las instituciones de seguridad pública hicieran constar todas las detenciones que ocurrieran en el país, para asegurar la integridad de las personas detenidas.
En su momento, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil alertaron que la Ley Nacional del Registro de Detenciones no exige a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) los mismos controles contemplados para las policías civiles.
“Esto es grave, porque las autoridades castrenses son las que cometen más irregularidades al momento de la detención”, indicó.
Para probarlo, citó cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, con las cuales se establece que, de las personas detenidas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), 31 y 30 por ciento expresaron haber sido golpeadas con un objeto contundente en su detención contra 22 por ciento de los detenidos por policías municipales, 26 por ciento por estatales y 23 por ciento por federales.
“Previo a esta discusión, la ciudadanía no tuvo acceso a una versión pública del proyecto de sentencia. Esta omisión resulta preocupante, considerando que se trata de un asunto de gran importancia y trascendencia para los derechos humanos en México. La secrecía que rodea a la resolución de este caso es una muestra de la manera en la que la Corte ha tratado los asuntos relacionados con la militarización del país”, mencionó.
MUCD indicó que la renovación de la presidencia de la Corte debió ser una oportunidad para dejar atrás prácticas institucionales que afectan negativamente la participación de la sociedad en la discusión de los temas que más impactan en la vida pública, como es la participación de las FFAA en labores de seguridad pública.
Sin embargo, hasta el momento continúan pendientes de resolución ocho casos sobre la militarización de la seguridad pública, por lo que hizo un llamado a la SCJN para que estos sean resueltos de la manera más transparente posible.
“Ante el avance acelerado de la militarización de la seguridad pública, la Corte debe ser un contrapeso que defienda los controles civiles que el orden constitucional exige para la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública. Para ello, el primer paso sería actuar de forma transparente y democrática, circulando todos los proyectos de sentencia cuya resolución y votación repercutan en el devenir nacional”, refirió.
