Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La iniciativa de reforma judicial que se discute en el Congreso de Tamaulipas, para separar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia local del Consejo de la Judicatura, representa “un retroceso en términos de independencia judicial”, advirtieron diversas organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo a un comunicado emitido por la organización no gubernamental México Evalúa, con el respaldo de al menos otra veintena de organizaciones ciudadanas, entre ellas el Observatorio Tamaulipas, la acción legislativa presentada el pasado 31 de enero por las diputadas sin partido Linda Mireya González Zúñiga y Sandra Luz García Guajardo es inviable.
“Uno de los problemas detectados en la iniciativa es que no plantea la distribución de las atribuciones que tendrían un presidente del Consejo de la Judicatura y otro del Supremo Tribunal de Justicia, lo cual probablemente generaría conflictos importantes entre quienes lleguen a encabezar estas dos instituciones, lo que acabaría debilitando al Poder Judicial”, advierten.
Consideraron que las promoventes no parecen haber consultado su propuesta con el Poder Judicial local, pese al gran impacto que tendría sobre la organización y el funcionamiento de este último.
Las organizaciones enfatizan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una disposición similar prevista en la Constitución de la Ciudad de México.
La resolución de la Controversia Constitucional 81/2017 recalca que separar las presidencias del Tribunal y del Consejo de la Judicatura “obliga a disociar la coordinación entre los dos órganos y obstaculiza el gobierno del Poder Judicial”, por lo que “implica un riesgo de conflictos competenciales dentro del mismo”.
“La existencia de este criterio implica que, de no consensuarse la reforma con el Poder Judicial local, este podría impugnarla y la Corte la invalidaría”, añadió.
Por todo ello, las organizaciones que firman el comunicado, como Borde Jurídico, Borde Político, Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá, Jalisco, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM), Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. y Fundación para la Justicia, entre otras, hacen un llamado al Congreso de Tamaulipas “para no aprobar la iniciativa sin antes realizar un auténtico proceso de parlamento abierto”.
De esta manera, añaden, no solamente se permitirá discutir todos los alcances e implicaciones de dicha reforma con los representantes del Poder Judicial y con expertos académicos y de la sociedad civil, sino también reflexionar sobre cuáles son las reformas que sí son necesarias para impulsar un mayor acceso a la justicia, hacer más eficiente el servicio y consolidar la independencia judicial.
