Redacción ED
Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), donde se le da reversa a una de las modificaciones legales promovidas por el Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto bajo el argumento de que transgrede la autonomía de entidades federativas y municipios.
Durante la sesión de la comisión presidida por Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, se procedió este miércoles 22 de marzo con la iniciativa presentada por Mario Rafael Llergo, integrante de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde se sostiene que el último párrafo del Artículo 26 de la LGCS vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Esto quiere decir que, a petición de Morena, el partido del presidente López Obrador, se dará reversa a una de las modificaciones promovidas en el Plan B de AMLO, algo que fue secundado por el Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro. El párrafo que se quiere suprimir y fue avalado recientemente en el Congreso de la Unión es:
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior (que hace referencia al 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente)”
La nueva modificación guarda el propósito de establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán determinar su propio límite de gasto del programa anual de comunicación social, es decir, ya no estará sujeto al 0.1% referido en el Artículo 26 de dicha Ley.
Llergo Latournerie consideró que es necesario dotar a estados, municipios y demarcaciones territoriales de elementos presupuestales para fortalecer el derecho al acceso a la información sobre las acciones de gobierno que tienen las y los ciudadanos, consagrado en el Artículo 6° constitucional. Por su cuenta, la diputada Lilia Aguilar, del PT, se pronunció a favor de la propuesta al considerar que el dictamen original removía ese párrafo para que no hubiera confusión en el ejercicio del gasto en comunicación social.
Y, aunque esto represente una reversa a parte del Plan B de la iniciativa en materia político-electoral del presidente López Obrador, Marco Aguilar, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que iría en abstención porque los dos últimos párrafos del artículo 26 son parte de la acción de inconstitucionalidad presentada por algunos diputados y sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará qué sucederá con este artículo.
Esto quiere decir que, derivado de la promoción de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición política (PRI, PAN, PRD, MC e INE) contra el Plan B, se podría esperar que no sólo el último párrafo del Artículo 26 sea derogado, sino también el penúltimo, que dice: “El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.
No obstante, hace evidente que la aprobación del Plan B por la vía fast track fue completamente inapropiada. En este sentido, cabe recordar el proceso en el Congreso de la Unión en relación al Plan B, pues, en primera instancia, el ejecutivo federal envió la Reforma Electoral a la Cámara de Diputados y ahí se aprobó sin una lectura previa ni dictaminación. Después, el Senado de la República realizó modificaciones, motivo por el cual se regreso a San Lázaro y después al Senado (nuevamente). Ahora, en vista de la vulneración al 6° de la Constitución, promueven una nueva reforma para subsanar dicho daño.
