Alfredo Guevara / El Diario Mx
Cd. Victoria, Tam.- Un inhabilitado para ejercer cargo público y tres amonestaciones, aplicó hasta ahora la Contraloría del Estado, contra ex servidores públicos por presunta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo desconoció cuántos ex servidores públicos, de la anterior administración estatal podrían ser sujetos de una sanción de este tipo, derivado de los expedientes recibidos de las dependencias del Gobierno estatal.
Recordó que hay por lo menos 167 expedientes integrados por la autoridad investigadora de dependencias del Ejecutivo Estatal, además de entidades o también conocidos como organismos públicos descentralizados del Estado.
“Depende de la situación y de la gravedad; cuando un servidor público incurre en una deficiencia en el ejercicio de sus funciones se observa la gravedad, si es o no una reincidencia, con qué periodicidad la comete, entre otras cosas”, explicó.
Cuando se le comprueba la presunta irregularidad, la Contraloría del Estado está en condiciones de imponer una sanción administrativa al ex servidor público, que bien puede ser, desde una simple amonestación pública o privada, la suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación para volver a ocupar un puesto de esa naturaleza.
Pedraza Melo recordó que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cada situación demanda un tiempo en la integración de los elementos de prueba para estar en condiciones de imponer un tipo de sanción.
El inhabilitado y los tres apercibimientos, son apenas las primeras acciones contra ex servidores públicos de la anterior administración estatal, a los que se les comprobó la presunta irregularidad cometida en el ejercicio de sus funciones.
Hizo ver que la sanción, se aplica de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.
Es decir, algunas sólo ameritan una amonestación pública o privada, otras una multa económica, pero en caso de que la falta administrativa sea grave, se inhabilita al ex servidor público por determinado tiempo.
