Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Dar respuesta a la solicitud de incremento a la tarifa de transporte público por parte de los concesionarios, dependerá del resultado del análisis y diagnóstico que se hace en conjunto con sindicatos prestadores del servicio, estableció Héctor Joel Villegas González.
El Secretario General de Gobierno convino en que en cinco o seis meses no se puede resolver un tema en el que por espacio de casi ocho años no les resolvieron en su momento, lo que dio origen a que la prestación del servicio de transporte público se encuentre en un estado de incompetencia.
Dejó en claro que dar respuesta a una petición de ese tipo afectaría en la economía de poco más de dos millones de usuarios en el estado, que diariamente utilizan este servicio, de ahí que se esté contemplando también que los concesionarios y permisionarios tengan capacidad económica y sigan en la actividad.
Comentó que por espacio de varios meses se ha dialogado con sindicatos vinculados a la prestación del servicio de transporte, con quienes se está haciendo un análisis de las rutas, viendo las condiciones físicas y mecánicas de las unidades y tratando la manera de encontrar solución a sus demandas, “sin afectar el bolsillo de los usuarios”.
En ese sentido, Villegas González abrió la posibilidad de integrar cooperativas con la participación de concesionarios y permisionarios, y buscar la firma de un convenio con la Secretaría de Energía, tratando de que se les brinde un subsidio por la compra de gasolina, diésel o gas lp.
La idea es que a los prestadores del servicio, se les venda combustible a un menor precio, para que de esa manera también el gobierno del Estado les pueda brindar un apoyo, que evite trasladar al usuario un elevado aumento a las tarifas.
Y es que, de acuerdo a lo expresado por los prestadores del servicio, en los últimos años la inflación los ha dejado en estado de incompetencia, al registrarse en ese periodo y en términos generales un incremento por encima del 46 por ciento.
Sin embargo, ese porcentaje no se puede trasladar a la tarifa, porque impactaría en la economía de casi dos millones de usuarios que se trasladan en transporte público al día en el estado.
