Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Alrededor de 700 personas que se encuentran vinculadas a proceso y unas mil 200 que están a la espera de que se les dicte sentencia, incluso al interior de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), podrían enfrentarlos en libertad, confirmó Andrés González Galván.
El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa dijo que lo anterior, luego de que la Corte Interamericana resolviera que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y obliga a los estados a reformar su Constitución, además, a los jueces de control, que son los que llevan los procedimientos penales no aplicarla, sino otras medidas cautelares.
Ordena, entre otras cosas, hacer un control ex officio, donde el juez oficiosamente puede revisar las medidas cautelares ya establecidas en un proceso penal, lo que implica que al no aplicarse la prisión preventiva oficiosa los jueces puedan inclusive, cuando el Ministerio Público no acredite la necesidad de cautela, dejarlos en libertad.
Se trata de personas que son vinculadas a proceso o bien, que están a la espera de una sentencia, incluso al interior de los Centros de Ejecución de Sanciones, por robos domiciliarios, violación, abuso sexual, homicidio, entre otros, que podrían enfrentar sus procesos en libertad, sostuvo.
“Esto no quiere decir necesariamente que las personas vayan a estar en libertad, existe la figura de prisión preventiva justificada; cuando hay un peligro inminente de que un imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia o pueden impedir el procedimiento, entonces se puede justificar por el MP y el juez tendría que imponer esa prisión”, aclaró.
Lo que ordena es hacer un control ex officio, donde los abogados van a empezar a promover revisiones de medida cautelar y el MP tendrá que acreditar si hay necesidad de que afronten su proceso en prisión, si no es así, habrá que establecer otras medidas cautelares que establece el código nacional para las personas imputadas por delitos.
También está la prisión domiciliaria, la fianza o prohibición para acercarse a la víctima a determinada distancia, abandonar el estado, la instalación de un dispositivo electrónico, hay muchas medidas cautelares que se pueden aplicar, no quiere decir que no vaya a haber una pena anticipada, agregó.
El papel de jueces y magistrados es concientizar a la sociedad, porque al ver en libertad a una persona, imputada en este tipo de delitos, es en cumplimiento de una resolución de un tribunal que está por encima del Estado Mexicano, como lo es la Corte Interamericana, concluyó.
