Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Penas de ocho y hasta 15 años de prisión podrían ser impuestas en Tamaulipas a quienes obliguen a menores de edad a cohabitar con un adulto, como si se tratara de un matrimonio.
Lo anterior, luego de que la diputada de Morena, Magaly Guillermina Deandar, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incorporarle el artículo 198 Bis 2.
De aprobarse la reforma, el citado numeral establecerá que: “ Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”
Además, preverá que “Al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa”.
La sanción prevista se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
La legisladora por Reynosa advirtió que de acuerdo con la organización “Save the Children”, en México uno de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años de edad se encuentras casadas o unidas informalmente, lo cual resulta alarmante.
Además, México tiene el octavo número más alto de mujeres casadas o en unión antes de los 18 años en el mundo, con un millón 420 mil mujeres en esa situación.
Las causas principales del problema son la pobreza extrema, la desigualdad de género, las costumbres y el desconocimiento de los derechos de las niñas, las adolescentes y las incapaces menores de edad.
“Las uniones tempranas son prácticas perjudiciales que afectan especialmente a las niñas y las adolescentes; limitan sus oportunidades de educación y desarrollo, las expone a la violencia, al abuso sexual y al embarazo precoz, impidiendo que disfruten plenamente de sus derechos y libertades” sentenció.
“Debemos comprender y reprochar la cohabitación forzada como un tipo de violencia, pues de ninguna manera pude existir justificación para esta inhumana práctica que atenta, especialmente, contra las mujeres en su etapa de niñez y adolescencia” abundó.
