Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Por cuidar el debido proceso e integrar los elementos y demostrar la falta administrativa que cometieron, la Contraloría del Estado ha inhabilitado a un ex director de la Secretaría General de Gobierno y dos trabajadores operativos que laboraron en la anterior administración estatal.
Lo anterior como resultado de los 167 procedimientos administrativos instaurados en el proceso de entrega-recepción y 560 más que se han integrado después de ese periodo que la Ley establece, confirmó Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia.
Sin embargo, con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado, explicó que con la reorganización de la dependencia se crea el Área de Investigaciones Jurídicas y Anticorrupción, para fortalecer y acompañar a las autoridades indagatorias como sustanciadoras.
Y aunque pudiera decirse que con la reforma la Contraloría tendría capacidad de interponer sus propias denuncias ante dependencias como la Fiscalía General de Justicia o para el Combate a la Corrupción, tendrá un trabajo de acompañamiento, en el que participan titulares de las dependencias y entidades, además de los órganos de control interno y áreas jurídicas.
Incluso, coordinación con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.
“Claro y con el área de Consejería Jurídica es un trabajo de coordinación, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera sus atribuciones son amplias porque va hasta particulares y acuérdense que la Contraloría cuida el control interno, previene y sanciona faltas administrativas al interior del Poder Ejecutivo”, precisó.
Pedraza Melo confirmó que están en investigación por lo menos cien ex servidores públicos de primer nivel directivo alto, de la anterior administración estatal.
Añadió también que la persona que fue inhabilitada para laborar en la administración pública, por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, todavía está en condiciones de inconformarse y apelar en este caso, la sanción impuesta por la Contraloría a través de la instauración del proceso administrativo.
