Rogelio Rodríguez Mendoza
A través de un oficio dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, solicitó seis escoltas, vehículo blindado, porte de arma dentro y fuera de sus funciones para garantizar su vida y seguridad, dejando claro con esta petición que no es idóneo para continuar en un cargo de tal magnitud.
En ese documento, culpa a los medios de comunicación de emitir pronunciamientos, declaraciones y expresiones en contra de su persona, que inciden negativamente en la opinión y ánimo de la sociedad, por lo que se asume en una situación de peligro y riesgo a su integridad física.
Al parecer no ha entendido que todos los servidores públicos están expuestos a la crítica y si al fiscal le incomoda el señalamiento, claro está que no debe dedicarse a esta función, podrían ir pensando en renunciar si tanto le afectan estas situaciones en su salud mental o integridad emocional.
Es importante precisarle al titular de la Fiscalía Anticorrupción, que la labor periodística no produce delitos, las y los periodistas no son asesinos ni delincuentes por publicar su opinión o ejercer su trabajo; que no pretenda que el periodismo calle para ocultar su actuar, y como se ha mencionado anteriormente por quienes revisan su función, tal vez lo mejor será que renuncie y deje de encarecer el costo de una fiscalía que cuesta millones al pueblo tamaulipeco y no produce nada.
Es importante mencionar que en dicho oficio que fue filtrado a los medios de comunicación, Ramírez Castañeda, pide más agentes del Ministerio Público y en un juego de palabras, responsabiliza al Fiscal General Irving Barrios, de deslindarse de responsabilidades, asumiendo que cuenta con una Fiscalía Anticorrupción deficiente.
Además, requirió las renuncias de Ministerios Públicos, con lo cual pretende justificar el retraso en el cumplimiento de sus funciones.
