Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El resultado de las investigaciones que permitan determinar cómo se asignaron los contratos en los predios donde se encuentran los parques eólicos de Tamaulipas podría llevar algunos meses más.
Hasta que no se cuente con el resultado de ese análisis y se disponga de un reporte oficial, no se puede determinar si hubo o no presuntas irregularidades en la asignación de los terrenos donde se encuentra esa infraestructura, consideró José Ramón Silva.
El Comisionado de Energía recordó que los 13 parques eólicos con que cuenta la entidad son privados y se encuentran operando en forma ordinaria, tomándose en cuenta que son privados, donde la administración estatal anterior sólo realizó gestiones para apoyar a las empresas a efecto de que los proyectos avanzaran.
De hecho, consideró que hasta cierto punto faltó planeación para lo que comprende temas como las líneas de transmisión de energía, las que si no se hubieran saturado con lo que se genera de energía y planeado mejor, pudieron haber cristalizado más proyectos.
Reveló que se sigue trabajando de manera coordinada con dependencias como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para cuando aterricen recursos para la ampliación de las líneas de distribución.
Confirmó que el Gobierno federal anunció una inversión para Tamaulipas de nueve mil millones de pesos, con el objeto de ampliar ese tipo de infraestructura en el estado, para que se disponga de una mayor cantidad de líneas de distribución de la energía limpia que se genere en la entidad.
El Comisionado dijo que hay algunos proyectos para la construcción e instalación de parques eólicos generadores de energía limpia, que por la necesidad de ampliar sus líneas de distribución, de una u otra forma no se han podido concretar.
Recordó que mientras se siguen realizando las investigaciones que permitan conocer, entre otras cosas, los convenios de asignación de los predios en los que se encuentran los parques eólicos en el estado para determinar si hay o no presuntas irregularidades en la adjudicación.
