Un juez federal determinó absolver del delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de un grupo criminal, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar la existencia de esa organización delictiva a la que se le adjudicó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, también absolvió por el mismo delito al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez.
Fuentes judiciales explicaron que la FGR ejerció acción penal contra ambas personas en octubre de 2014, porque un grupo de personas de la delincuencia organizada, presuntamente lideradas por Sidronio Casarrubias, se organizó, desde 2011 para cometer delitos contra la salud.
En la sentencia, el juzgador excluyó las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (por ejemplo, mediante tortura o detenciones ilegales), como son 47 testimoniales.
Hecho lo anterior, dictó sentencia absolutoria a favor de las dos personas.
El juez sostuvo que la FGR, en el proceso penal de origen, “no acreditó la existencia de la organización criminal, además de que tampoco se acreditó que los procesados pertenecieran a alguna agrupación delictiva”.
Indicaron que la FGR intentó acreditar la existencia de la organización criminal con la copia certificada de diversas sentencias dictadas en distintos procesos penales federales, sin embargo, en ellas se tuvo por acreditada la existencia de diversos grupos, como el cártel de los Beltrán Leyva y La Barredora, “y de su contenido no hay dato de que la primera deriva de las segundas”.
Además, que los testigos, cuyo testimonio fue recabado lícitamente, dan noticia de la privación ilegal de la libertad de diversas personas, entre otras actividades, pero no de la existencia de la organización criminal.
Asimismo, que las documentales exhibidas por la fiscalía dan cuenta de la existencia de otras averiguaciones previas y que en ellas se recabaron pruebas relacionadas con procesos seguidos en territorio nacional y el extranjero a otras personas; no obstante, además de que éstas no pueden valorarse como pruebas en el proceso de origen (precisamente porque se recabaron en diversas indagatorias), su contenido no demuestra que los procesados pertenezcan a una organización criminal.
Finalmente, el juez precisó que la decisión no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal, ni que los hechos por los que se formuló acusación no hayan sucedido, sino que las pruebas aportadas por la fiscalía (que no fueron excluidas), en esa causa penal, no lo demuestran.
Con información de: milenio.com
