Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La bancada del PAN en el Congreso del Estado exigió a la Contraloría Gubernamental y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción iniciar procesos administrativos y penales en contra del secretario de Seguridad Publica, Sergio Hernando Chávez García, por violar el deber de secrecía y confidencialidad al revelar, públicamente, el número de escoltas que dan seguridad al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y a otros exfuncionarios estatales.
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, realizada este miércoles, el diputado Luis René Cantú Galván presentó una iniciativa de punto de acuerdo, a través de la cual hace un exhorto a las dos instancias gubernamentales.
El llamado concreto a la Contraloría y a la Fiscalía Anticorrupción es para que, “en cumplimiento de sus obligaciones aperturen un expediente de responsabilidad administrativa, y una carpeta de investigación de carácter penal respectivamente, en virtud de la violación al deber de secrecía y confidencialidad de las operaciones policiales de protección de personas en que incurrió el maestro general retirado, secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernando Chávez García, al dar a conocer, en este recinto parlamentario y en distintas entrevistas información sobre el número de elementos que cuidan de la vida de diversos servidores públicos plenamente identificados y a sus familias”.
Cantú Galván calificó como inaceptable la conducta del funcionario, “especialmente si quien hace la filtración indebida es precisamente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública”.
“Es un acto que refleja ignorancia de la naturaleza sigilosa del trabajo policial o, peor aún, auténtico dolo, sobre el cual es preciso y urgente que se investigue a dicho funcionario por poner en peligro la vida, integridad de dichos ex servidores públicos”, añadió.
Recordó que existen criterios jurisprudenciales que califican como información reservada y confidencial revelar el estado de fuerza de elementos asignados a una encomienda de escolta particular.
“No se vale, y es preocupante, que quienes decidieron asumir como pocos hacen en el país, agarrando el toro por los cuernos para combatir la inseguridad de frente y hacer valer el Estado de Derecho, sean ahora abandonados y puestos en riesgo a ellos y a sus familias, a merced de la delincuencia organizada; misma que por sus acciones resultó lesionada por la aplicación de una política no de abrazos, sino de ejercicio firme del cumplimiento de la ley”, acusó.
