Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
En Tamaulipas, el sistema de procuración de justicia sigue siendo de los más bajos en el país, ya que propicia que solamente se denuncie el 0.1 por ciento de los delitos, “lo que se traduce en una impunidad flagrante”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Marco Antonio Gallegos Galván, denunció lo anterior, a través de una iniciativa de punto de acuerdo, en la que destaca que los ciudadanos prefieren no denunciar debido a que lo consideran una pérdida de tiempo, pero también por el trato prepotente que reciben en las agencias del Ministerio Público.
Ante ello, el diputado morenista propuso un exhorto al fiscal general de justicia del estado, Irving Barrios Mojica, para que implemente acciones que garanticen un trato amable y respetuoso a las víctimas de algún delito.
Se dijo preocupado por el hecho de que un 99.9 por ciento de los delitos no sean denunciados, lo que convierte a Tamaulipas en la entidad con mayor índice de impunidad en el país, como lo señala la organización no gubernamental “México Evalúa”.
“La razón principal de las víctimas para no denunciar los delitos ante las autoridades, fue por causas atribuibles a la autoridad con un 59.9%, destacando pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad”, apuntó.
Para complicar las cosas, dijo, cada día son más las quejas ciudadanas por el mal trato que reciben en las agencias del Ministerio Público, lo que se suma a la lentitud en la integración de las carpetas de investigación.
La principal queja de las víctimas es por la tardanza que enfrentan para formalizar la denuncia.
“Muchos ciudadanos se quejan de que los hicieron esperar mucho tiempo, e incluso en otros casos hasta les dijeron que regresaran al siguiente día, ello, principalmente, cuando las personas acuden a denunciar en fines de semana”, mencionó.
De igual forma, los afectados acusan que la prepotencia, altanería y mal trato son las características principales del personal que se encuentra en las Agencias del Ministerio Público, toda vez que los trataron como si fueran a pedir un favor, lo que demuestra una carencia total de conocimiento de los derechos humanos.
“Asimismo, señalan las personas, que en ningún momento el Ministerio Público les asignó un asesor legal, lo que se puede corroborar revisando el expediente; y en los casos que sí tuvieron la suerte de que les asignaran asesor, éste casi nunca se encuentra en su Oficina o de plano los atiende de mala gana, ocasionando, con ello, que las víctimas enfrenten el proceso sin asesoría, no obstante que es un derecho constitucional del cual gozamos todas las personas”, indicó.
Lo peor de todo es que el Ministerio Público tarda meses, y en algunos casos hasta años, en integrar y judicializar las carpetas de investigación, lo que obliga a las víctimas a promover amparos.
“Todo lo anterior trae como resultado final que las personas pierdan la cultura de denunciar, porque saben de antemano que es pérdida de tiempo acudir ante el Ministerio Público, aunado a los gastos que tienen que realizar…”, indicó.
