Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Por lo menos diez carpetas ha judicializado la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de las cuales cinco están pendientes por temas de amparo contra servidores públicos, partidos políticos y ciudadanos en lo particular, de procesos electorales del 2019, 2020 y 2021.
Son diversas carpetas en las que se ha prolongado su resolución, por las diferencias que existen entre un proceso administrativo y penal electoral, cuyos tiempos para emitir sentencias condenatorias varían entre un tipo y otro, consideró Krisna Judith Villado Mejía.
La titular de la Fiscalía estimó que la determinación de las carpetas de investigación que datan de procesos electorales del 2019, 2020 y unas cuantas del 2021, en términos generales se tiene un avance superior al 80 por ciento en su desahogo, de tal forma que dictar sentencias condenatorias de esas denuncias, podría llevarse algunas semanas.
“Si tenemos carpetas judicializadas, como en proceso, algunas para audiencia de juicio, pero otras están por resolver amparos para tener las audiencias y unas más se encuentran en etapa intermedia, pero vamos avanzando”, aseveró.
Y es que uno de los problemas que enfrenta la Fiscalía para el desahogo de estas denuncias es que la ciudadanía no aporta en ocasiones los elementos suficientes sobre los que pesa la denuncia, en su mayoría por delitos que tienen que ver con el acarreo de votantes y la supuesta compra de votos.
Villado Mejía dijo que por ello la Fiscalía se dedica también a la difusión de delitos electorales y los derechos políticos electorales de la ciudadanía para una mayor efectividad, en aras de que la población los identifique y no se involucre en una situación de esta naturaleza en un proceso electoral.
De las diez carpetas en investigación, no reveló mayor información, tomándose en cuenta que es un impedimento legal que tiene la Fiscalía como el revelar datos, por el sigilo de la investigación y la presunción de la inocencia de los implicados.
Sin embargo, las denuncias obran en contra de servidores públicos, partidos políticos y población en general.
