Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Por enésima ocasión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó los penales de Tamaulipas.
Al dar a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, la Comisión Nacional destacó que los denominados Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) tamaulipecos obtuvieron una peor calificación que la evaluación del 2021.
En 2022, la calificación obtenida por el sistema penitenciario de Tamaulipas fue de apenas 4.26, contra el 5.49 logrado en 2021.
Fueron seis los penales de Tamaulipas evaluados: el de Matamoros obtuvo una calificación del 4.09; el de Reynosa, 4.49; el de Nuevo Laredo, 4.79; el de Victoria, 4.58; el de Altamira, 4.44; y el de Tula, 3.19.
Las deficiencias, en los seis reclusorios, casi son las mismas. Destacan la inoperancia del procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; prevalecen los autogobiernos o cogobiernos; y padecen insuficiencia de personal de seguridad y custodia. En todos hay presencia de actividad ilícita.
En relación con aspectos que garantizan la integridad de los internos, el catálogo de fallas es abundante. Los penales tienen deficiencias en los servicios de salud. No hay prevención de violaciones a derechos humanos. Son insuficientes los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, y son insuficientes también las vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Los Cedes también están reprobados en la atención digna a los reos, porque presentan deficiencias en la alimentación y en la higiene de espacios como cocina, comedores y área médica.
Con todo ello, Tamaulipas está entre los 13 estados con más baja calificación reprobatoria.
Los otros doce estados son: Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima.
La CNDH reprochó que a pesar del resultado de los anteriores diagnósticos en que los penales fueron reprobados, el Gobierno de Tamaulipas no haya tomado las medidas para generar condiciones dignas, y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales.
Por esa razón, reiteró la exigencia a autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Advirtió que los penales reprobados impiden que se consiga el fin último del sistema penitenciario, que es el de lograr la reinserción social de quienes, por la razón que sea, delinquieron.
