Rogelio Rodríguez Mendoza
El presidente de la comisión de seguridad pública en el Congreso del Estado, Marco Antonio Gallegos Galván, culpó a los gobiernos pasados y a las instancias de procuración y administración de justicia, por las deficiencias y rezagos que enfrentan los penales de Tamaulipas, que los colocan como entre los peores del país.
Dijo que, la administración de Francisco García Cabeza de Vaca abandonó por completo los reclusorios llevándolos a las condiciones de infuncionalidad que hoy padecen.
El legislador por Morena consideró que, también ha influido el rezago que enfrentan la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, para resolver la situación jurídica de quienes permanecen internados en las prisiones.
“Es importante que quien se dedica a la procuración y a la impartición de Justicia pues resuelvan lo más pronto posible muchas carpetas de investigación para poder desfogar los penales” señaló.
Consideró que los rezagos, tanto en procuración como en administración de justicia, contribuyen a que los penales se saturen de reos y como consecuencia se den problemas de seguridad al interior.
Reconoció que uno de los principales problemas de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) es la insuficiencia de personal de custodia.
Dijo que atender el sistema penitenciario no es tarea fácil.
“Es un trabajo arduo que definitivamente se tiene que mejorar, a final de cuentas se les tiene que dar un trato digno ( a los presos), que se les de la atención necesaria porque como su nombre lo dice son para reinserción social” mencionó.
Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2022, en el que Tamaulipas volvió a resultar reprobado, como desde hace muchos años.
Incluso, su calificación del 4.26 fue más baja que la del 5.49 obtenido en 2021, lo que significa que los seis penales tamaulipecos están cada vez en peores condiciones.
Fueron seis los penales de Tamaulipas evaluados: el de Matamoros obtuvo una calificación del 4.09; el de Reynosa, 4.49; el de Nuevo Laredo, 4.79; el de Victoria, 4.58; el de Altamira, 4.44; y el de Tula, 3.19.
Las deficiencias, en los seis reclusorios, casi son las mismas. Destacan la inoperancia del procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; prevalecen los autogobiernos o cogobiernos; y padecen insuficiencia de personal de seguridad y custodia. En todos hay presencia de actividad ilícita.
