Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Los Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas (Cedes) suman 12 años con calificación reprobatoria.
Desde el 2006, cuando el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, (DNSP) fue establecido en la Ley de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), los penales de Tamaulipas han estado entre los peores evaluados.
El DNSP tiene como función examinar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando, ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.
En 2006, los reclusorios obtuvieron una calificación de 5.06, lo que colocó a Tamaulipas en el lugar 19 de las 32 entidades del país.
El único periodo en el que los Cedes han obtenido evaluación aprobatoria fue el comprendido del 2007 al 2010, cuando era gobernador el priista Eugenio Hernández Flores.
En el 2007 fue calificado con un 7; en el 2008 con un 7.58; en el 2009 con un 7.75; y en el 2010 con un 8.04, para ser esta última la mejor evaluación obtenida por los penales de Tamaulipas.
Durante esos cuatro años, se mantuvo entre los diez estados con mejor sistema penitenciario. Llegó a ser el quinto, sexto y séptimo estado con los penales más funcionales.
En 2011 la CNDH los calificó con un 5.88; en 2012 con un 5.67; en 2013 con un 5.37; en 2014 con un 5.14; en 2015 con un 5.29; en 2016 con un 4.95; en 2017 con un 4.71; en 2018 con un 4.92; en 2019 con un 5.42; en 2020 con un 5.24; en 2021 con un 5.73; y en 2022 con un 4.26.
Durante once años continuos los penales de Tamaulipas han sido los peores del país. Actualmente el sistema penitenciario de la entidad es el más deficiente de México.
Las deficiencias de los reclusorios del estado han sido prácticamente las mismas de siempre: padecen autogobiernos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y en todos hay presencia de actividad ilícita.
Presentan carencias en servicios de salud. No tienen programas de prevención de derechos humanos ni para prevenir incidentes violentos.
La alimentación a los reos es deficiencia y sus áreas de cocina, comedores y médica, son antihigénicas.