Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Un director general y otro de área en organismos públicos descentralizados del Estado han sido inhabilitados para ejercer función en el servicio público, por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, confirmó Norma Angélica Pedraza Melo.
La titular de la Contraloría estatal agregó que aparte de estos ex servidores públicos, también se ejercieron siete amonestaciones a trabajadores que de alguna forma en el ejercicio de sus funciones en esos organismos durante la anterior administración estatal cometieron faltas no graves.
Refirió que de las 167 presuntas faltas detectadas en el proceso de entrega recepción, en todas ellas se llevó a cabo una investigación administrativa, aunque en 52 de las faltas, los titulares de cada dependencia en el Gobierno del Estado interpusieron denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE).
De las que corresponde investigar y sancionar a la Contraloría, tratándose de procedimientos administrativos, insistió en que el Tribunal de Justicia Administrativo impuso como sanción por falta grave inhabilitar a dos ex servidores públicos de organismos descentralizados del Estado y siete amonestados.
Al menos a la Contraloría del Estado, refirió que ningún ex servidor público ha buscado acercamiento, en aras de conciliar por la falta cometida, o bien, devolver o reintegrar algo que haya ameritado la denuncia por su desempeño.
En el caso de las 52 denuncias presentadas ante la Fiscalía, de todas las presuntas faltas o delitos que se identificaron se han estado integrando elementos por los titulares de cada área y ya dependerá del resultado de las investigaciones las acciones a seguir contra quienes resulten responsables.
Recordó que la Contraloría impone sanciones cuando la falta cometida por un ex servidor público sea considerada como no grave.
Sin embargo, tratándose de una falta mayor o grave, corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa imponer la sanción.
En ese sentido, hizo ver que cuando se trata de una falta grave prescribe a los siete años y, por ende, no se puede ventilar a la opinión pública los nombres de los servidores públicos por el proceso y etapas que se deben seguir de acuerdo a la ley.