Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Con 34 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso del Estado autorizó al gobernador Américo Villarreal Anaya a refinanciar y/o reestructurar deuda pública por un monto de 13 mil 006 millones 794 mil pesos.
Luego de un receso de más de media hora, solicitado por la bancada del PAN, el presidente de la mesa directiva, Isidro Vargas Fernández, puso a votación de la asamblea parlamentaria el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, el pasado 19 de junio.
Solamente la diputada del PAN, Nancy Ruiz Martínez, votó en contra de la iniciativa de decreto.
El dictamen aprobado respaldó el argumento del mandatario estatal, en el sentido de que, con el refinanciamiento y/o reestructuración de nueve créditos con bancos privados, se permitirá mejorar las tasas de interés y el plazo de financiamiento.
Como consecuencia, se aligerará la carga financiera del Gobierno del Estado.
La dictaminadora enlistó las ventajas del refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública.
Mejora plazos y condiciones financieras; libera parcialmente las garantías otorgadas, ya que actualmente se tiene garantizada la deuda con porcentajes muy elevados de participaciones federales; y libera la presión sobre el flujo de efectivo para la actual administración, lo que permitirá hacer frente a inversiones para el desarrollo del Estado.
“Es por ello que estamos convencidos de los beneficios que traerá consigo esta autorización, puesto que con la reestructura planteada se generará liquidez a la presente y futuras administraciones, y como consecuencia el impacto presupuestal será positivo, ya que los egresos anuales por pago de deuda serán menores.
“Además, dado que con la ampliación del plazo disminuye el monto mensual de pago de capital, habrá un efecto positivo de saneamiento financiero mediante el refinanciamiento de una parte de la deuda pública, que habrá de quitar presión a la disponibilidad de las finanzas e impulsará con mayor solvencia el gasto destinado a la infraestructura y servicios públicos, no solo para la presente administración sino también para las futuras”, precisó.
Los diputados aclararon que no se estableció un periodo de gracia, entendido este como el espacio de tiempo en el que solamente se pagan intereses y no amortizaciones al capital.
