Rogelio Rodríguez Mendoza
Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), el decreto 65-600, con el que el Congreso local autorizó al gobierno refinanciar y/o reestructurar la deuda pública por 13 mil seis millones 794 mil pesos.
Emitido por el Pleno legislativo en sesión ordinaria del pasado 27 de junio, el decreto autoriza al Ejecutivo estatal la gestión y contratación, con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos para refinanciar total o parcialmente la deuda pública directa a su cargo, constitutiva de deuda pública.
En total suman nueve los créditos que serán refinanciados o reestructurados. Cuatro con Bancomer; dos con Banco Mercantil del Norte; dos con Banco Nacional de México y uno con Banco Santander.
La autorización al Ejecutivo estatal para que refinancie o reestructure la deuda pública fue aprobada con 34 votos a favor y uno en contra de los integrantes del Pleno Legislativo.
El dictamen aprobado respaldó el argumento del mandatario estatal en el sentido de que, con el refinanciamiento y/o reestructuración de nueve créditos con bancos privados, se permitirá mejorar las tasas de interés y el plazo de financiamiento.
Como consecuencia, se aligerará la carga financiera del Gobierno del Estado. La dictaminadora enlistó las ventajas del refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública.
Mejora plazos y condiciones financieras; libera parcialmente las garantías otorgadas, ya que actualmente se tiene garantizada la deuda con porcentajes muy elevados de participaciones federales; y libera la presión sobre el flujo de efectivo para la actual administración, lo que permitirá hacer frente a inversiones para el desarrollo del Estado.
“Es por ello que estamos convencidos de los beneficios que traerá consigo esta autorización, puesto que con la reestructura planteada se generará liquidez a la presente y futuras administraciones, y como consecuencia el impacto presupuestal será positivo, ya que los egresos anuales por pago de deuda serán menores.
“Además, dado que con la ampliación del plazo disminuye el monto mensual de pago de capital, habrá un efecto positivo de saneamiento financiero mediante el refinanciamiento de una parte de la deuda pública que habrá de quitar presión a la disponibilidad de las finanzas e impulsará con mayor solvencia el gasto destinado a la infraestructura y servicios públicos, no solo para la presente administración sino también para las futuras”, precisó.
