Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Gobierno municipal de Altamira generó observaciones por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al no comprobar el gasto de recurso público que debió ser aplicado a grupos de población vulnerable que reciben apoyo a través de programas sociales
En los últimos informes de auditorías que presentó la ASE en el Congreso del Estado, en el 2022, señaló que el Municipio no presentó evidencia de los beneficiarios de becas por un importe de seis millones 485 mil pesos.
“El Municipio informa que no se otorgaron becas en el ejercicio fiscalizado (2021), no obstante, de la revisión de la Cuenta Pública, se aprecian montos pagados por ayudas y subsidios por conceptos de becas de seis millones 485 mil pesos, período enero septiembre 2021”.
En dicho documento, el ente fiscalizador también agregó que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio, el programa presenta un importe de 23 millones 649 mil 200 pesos con ingresos propios, que según la Cuenta Pública se ajustó en 13 millones 773 mil 845 pesos. “El Ayuntamiento no presenta evidencia comprobatoria que sustente la aplicación del gasto”.
Otro de los argumentos que indicó la ASE como parte de observaciones, es que el Gobierno municipal de Altamira no cuenta con un padrón de beneficiarios detallado que permita conocer quiénes recibieron apoyos, además de no recolectar su información socioeconómica, a fin de justificar la aplicación del gasto.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria como resultado de la auditoría de Participaciones Federales a Municipios 2021, por no proporcionar el cuestionario de Control Interno, por lo que no pudo realizar la evaluación correspondiente.
“La ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Altamira, Tamaulipas, o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, comience el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no proporcionaron el cuestionario de Control Interno con su soporte documental”.
