Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.- Las empresas tamaulipecas que se vean involucradas en un delito podrían ser sancionadas penalmente, con penas que van desde la clausura hasta por seis años y la prohibición para seguir realizando sus actividades hasta por una década.
Lo anterior, en caso de que el Congreso del Estado llegue a avalar una iniciativa de reforma al Código Penal, presentada por el diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera.
De acuerdo a la modificación que se aplicaría al artículo 52 del código punitivo, serían 35 los delitos en que podrían incurrir las personas jurídicas. Algunos de ellos son: Atentados a la soberanía del estado, lenocinio, expendio ilícito de bebidas alcohólicas, corrupción, pornografía, prostitución sexual de menores e incapaces.
También cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, manipulación genética, aborto, privación ilegal de la libertad, ciber acoso, fraude y usura.
Las consecuencias penales para las personas jurídicas serían: suspensión de actividades por un plazo de seis meses a seis años; clausura de locales y establecimientos por un plazo de seis meses a seis años; prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión por un plazo de seis meses a 10 años.
Otra sanción penal podría ser la inhabilitación hasta por seis años como proveedor del gobierno estatal y los municipios; y estaría sujeta a intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
El diputado morenista consideró necesario que la legislación estatal reconozca la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las condiciones que demandan los compromisos internacionales y en la forma en que se ha venido resolviendo el tema en la legislación nacional.
Además, dijo, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya contempla sanciones penales para las personas jurídicas lo que refuerza la urgencia de ajustar el código penal del estado.
Actualmente, el ordenamiento punitivo del estado solo prevé consecuencias jurídicas para las personas físicas responsables de las empresas o personas jurídicas, pero no para estas.