Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El trabajo que realiza la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC) sigue siendo deficiente, sintetizó Tania Gisela Contreras López, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Y es que la segunda solicitud que hiciera la Fiscalía al Poder Judicial del Estado para vincular a proceso a una ex servidora pública de la anterior administración estatal prácticamente fue desestimada, toda vez que dicha instancia anticorrupción no presentó los elementos necesarios.
Lo anterior significa que si bien la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción realiza las indagatorias, integra la carpeta con evidencia en las investigaciones para solicitarle al juez para que vincule a proceso a alguien que se presume cometió un delito, el juez evidenció que la carpeta estaba indebidamente integrada, precisó Contreras López.
“Han pasado muchos meses, transcurren las semanas y no hay vinculación a proceso; con la experiencia de la semana pasada, las que se realizan por parte de la Fiscalía no cumplen con los estándares constitucionales necesarios para que se logren vincular a proceso”, sostuvo.
“No se trata sólo de una intención de vincular a ex servidores públicos a proceso porque sí, sino para evitar que queden impunes los actos en los que servidores públicos cometieron actos irregulares, delitos, en que se pueda resarcir el daño patrimonial ocasionado al Estado, ese es el motivo, pero no se ve avance en los trabajos desplegados por la Fiscalía”, reiteró.
Ante ello, la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno consideró importante revisar el informe que presentará la Fiscalía Anticorrupción sobre los trabajos, es decir su labor en cuanto a las carpetas que se han presentado desde noviembre de 2022 a la fecha.
“Habrá que hacer un análisis, porque del seguimiento dado, de más de 56 denuncias sólo dos han sido judicializadas y una en la que no hubo vinculación a proceso, es un trabajo que no justifica ni la estructura ni el presupuesto que tiene la Fiscalía”, consideró.
En el peor de los casos, admitió que dependiendo de cada conducta existe un periodo de prescripción de uno a cinco años, a partir del año en que se tiene conocimiento de la conducta, de tal manera que algunas de las 40 que se presentaron en noviembre del año pasado podrían prescribir.
