Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- Para exigir que se les tome en cuenta, padres de familia y miembros de la sociedad civil anunciaron que llevarán una marcha en esta Ciudad Capital para protestar por la distribución de los Libros de Texto Gratuitos.
En rueda de prensa a la que asistieron representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia y la Alianza de Maestros, en representación de organismos de la sociedad civil, Florentina González Alanís anunció que en esta Capital se van a unir al llamado nacional “de la sociedad civil y de muchas agrupaciones”.
“Este domingo 27 queremos partir del Estadio hacia Palacio de Gobierno a las 9:00 de la mañana”.
González Alanís refirió que el sábado 26 es la marcha en la Ciudad de México y en todo el país es el domingo 27, un día antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024.
“Invitamos a toda la sociedad civil, a todos los padres, abuelos y todos los que queremos a México, queremos un mejor país y la clave está en esa educación que tenemos fallas desde hace tiempo”.
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de Tamaulipas, Miguel Ángel Carreón Paz, al calificar los libros de texto gratuitos como ilegales, acusó al Gobierno federal y a la SEP de desacato a una resolución de amparo que ordenó suspender la publicación y distribución de los libros de texto gratuitos.
“En mayo pasado la jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión para detener la impresión de las herramientas educativas y emplazó a la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a cumplir con la resolución que ordenaba revisar el contenido del material educativo”, sin embargo, dijo el Gobierno federal ignoró esa disposición judicial y continuó con la impresión y distribución de los libros.
Incluso, dijo, este desacato traería consecuencias legales para la secretaria de Educación en el estado Lucía Aimé Castillo Pastor.
“El mismo artículo al parecer 223 de la Ley de Amparo dice claramente que la autoridad dígase funcionario público, servidor público que desacate una orden judicial debe ser destituido de su puesto, y que podrá ser objeto de hasta nueve años de prisión”.
Sin embargo, Carreón Paz dijo que no se pugna por que haya acusaciones, ni quemar los libros ni confrontaciones, “porque al último los que salen perdiendo son nuestros hijos, nuestros educandos”.
Por último, al rechazar un retroceso en el proceso educativo al querer impedir que se distribuyan los Libros de Texto Gratuitos, Carreón Paz dijo; “tenemos los libros que se usaron el ciclo anterior pasado, esos están autorizados y están alineados con planes y programas de estudio”.
“Que los padres de familia y los maestros, con la experiencia que tienen y el profesionalismo que tienen los maestros puedan sacar algunos otros anexos, complementen, corrijan y saquen adelante el ciclo escolar”, agregó.
