Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- Al considerar como válidas las evidencias de que, cinco jóvenes fueron “víctimas de privación arbitraria de la vida” por parte de un grupo de militares el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (Cndh), solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado al núcleo familiar de las cinco víctimas.
A través de la recomendación 119VG/2023, dirigida a la Sedena y a la Fiscalía General de la República, (FGR), la comisión determinó la existencia de
violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, de las cinco víctimas.
De acuerdo a la indagatoria, los jóvenes fueron interceptadas a bordo de un vehículo por cuatro elementos de la SEDENA en Nuevo Laredo, quienes, de acuerdo con una videograbación, los privaron arbitrariamente de la vida, aunque en su informe los militares aseguraron que murieron durante un enfrentamiento.
“Con los elementos recabados, la CNDH pudo evidenciar que las cinco personas interceptadas por los elementos castrenses fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por cuatro elementos militares, con lo cual transgredieron derechos constitucionales y los previstos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” determinó la CNDH.
También se acreditó que, un perito responsable de la Fiscalía General de la República, (FGR) responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas, concluyó que existía correlación entre los hechos narrados en el Informe Policial Homologado, suscrito por un oficial del Ejército Mexicano, y las lesiones descritas por las documentales médicas, lo que resultó falso.
Con esa acción se entorpeció el curso legal de la carpeta de investigación y por lo tanto, el acceso a la justicia para las víctimas directas y las indirectas que forman parte de sus núcleos familiares.
Ante estos hechos, la Comisión Nacional solicitó a la SEDENA que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a cinco víctimas y sus correspondientes núcleos familiares, en especial a los descendientes que se acrediten; y se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que necesiten, las cuales se les deberá brindar por personal especializado, de manera gratuita, de forma continua y atendiendo a las condiciones específicas de las victimas indirectas.
Además, la SEDENA deberá colaborar ampliamente en la integración de la carpeta de investigación en curso en la FGR, y en la causa penal que se tramita en el fuero militar, ambas en contra de las personas servidoras públicas señaladas como participantes en los hechos.
