El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado una embestida en contra de Elektra, empresa propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, por un adeudo fiscal que mantiene por más de 25 mil millones de pesos.
También se anunció que el Ejecutivo federal interpondrá una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del ministro Luis María Aguilar, por demorar más de ocho meses la revisión del expediente sobre adeudos fiscales de esta empresa.
De acuerdo con el diario Reforma, el adeudo mencionado durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador del día de ayer corresponde a la compañía emblema de Ricardo Salinas Pliego.
Aunque no mencionó a Elektra por su nombre, el procurador fiscal de la federación, Félix Arturo Medina Padilla, dijo durante la mañanera del martes que la empresa dejó de pagar impuestos en 2020, 2011 y 2013.
“Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligue al pago de impuestos”, declaró el procurador fiscal.
Medina Padilla dijo que estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados, y que desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios, pero, de manera particular, acusó que en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, “con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto, retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”, expresó el funcionario federal.
Medina anunció que el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro Aguilar por, lo que consideró, un “estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”.
Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre la aplicación de la ley pronta y expedita, comparando el monto del adeudo con el presupuesto público de diversos estados de la República.
“Se trata de 25 mil millones de pesos, es el presupuesto de un estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche, 25 mil millones, y no resuelve y lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita”, declaró el mandatario.
En este sentido, comparó la celeridad con la que el ministro Aguilar aceptó a trámite la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Coahuila para suspender, de manera provisional, la distribución de los libros de texto gratuitos en dicha entidad.
En los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, ha asumido la responsabilidad de tres solicitudes presentadas por Grupo Elektra, en las que la empresa busca que el máximo tribunal atraiga las impugnaciones relacionadas con el reclamo de más de 40 mil millones de pesos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR).
Así lo reportó este miércoles el diario La Jornada, y detalló que el propósito de la compañía es extender el proceso judicial en torno a estos casos, ya que a principios del 2021, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, indicó que las deudas fiscales de Elektra rondaban los 40 mil millones de pesos, cantidad que ha aumentado debido a las actualizaciones.
El texto, firmado por los periodistas Eduardo Murillo y Gustavo García precisa que el principal crédito fiscal de Elektra inicialmente ascendía a 25 mil millones de pesos, pero que con recargos, multas y ajustes ha alcanzado la suma de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.
Un segundo caso involucra la cantidad de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos, correspondientes al ISR de 2011, incluyendo actualizaciones, recargos y multas.
Un tercer caso, el más reciente, fue presentado el 12 de julio pasado bajo el número 3721/2023, concierne a otro crédito fiscal de 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos, que corresponde al ISR del ejercicio fiscal de 2010, de acuerdo con el diario
Con información de: aristeguinoticias.com
