Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Congreso del Estado arremetió nuevamente contra el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, al considerar que la ineficiencia en su tarea genera desconfianza.
Lo anterior, a través de una iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado de Morena Humberto Prieto Herrera, quien también preside la Diputación Permanente.
En su iniciativa, que fue aprobada de inmediato por el órgano legislativo, Prieto Herrera recordó que el pasado ocho de mayo, en su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción, Ramírez Castañeda declaró que la fiscalía a su cargo tenía 400 carpetas de investigación abiertas, de las cuales solamente 29 habían sido judicializadas.
“Lo cual resulta sumamente preocupante, pues la dilación presume la existencia de omisiones o actos tendientes al ocultamiento de información relevante para el cabal cumplimiento de su función”, acusó.
Además de ello, dijo el legislador por Reynosa, Ramírez Castañeda precisó que entre las 400 denuncias figuraban 47 relacionadas con denuncias presentadas por el Ejecutivo estatal en contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal, a quienes se detectaron irregularidades durante el proceso de entrega-recepción.
No obstante, refirió, el Fiscal ha faltado a los principios a los que está obligado, como el de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, desvirtuando con ello la función de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y generando consecuentemente el aumento en los niveles de desconfianza.
“Lo anterior es sumamente grave, por lo que corresponde a este Poder Legislativo, desde su ámbito de competencias, realizar toda acción que auxilie el esclarecimiento de conductas cuestionables como la que hoy nos ocupan”, refirió.
Por esa razón, propuso un exhorto al gobernador Américo Villarreal Anaya para que informe al Congreso del Estado la situación del estado procesal que guardan las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias en contra de exfuncionarios estatales.
Prieto Herrera argumentó que de la respuesta del titular del Poder Ejecutivo se podrá determinar la existencia de posibles anomalías en el desempeño del Fiscal Anticorrupción.