Diego López Bernal.-
Cd. Victoria, Tam.-
A pesar de ser una de las áreas del ejercicio gubernamental más señaladas por la administración de Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas fue líder nacional el año pasado por el monto ejercido en programas o acciones de desarrollo social, con un presupuesto de 35 mil 576.4 millones de pesos
De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2023, durante el 2022 ninguna otra entidad ejerció tanto presupuesto, recordando que se dio en el contexto del proceso electoral para elegir al nuevo gobernador de Tamaulipas y que, como es del dominio público, ganó un partido político distinto al que ostentaba la titularidad del Ejecutivo estatal.
El censo revela que de los 43 programas o acciones de desarrollo social en Tamaulipas, solamente 26 de ellos eran programas con reglas de operación y homólogas, a diferencia de la Ciudad de México, en donde la totalidad contó con este mecanismo de transparencia (también ejerció 43 durante el año pasado).
Esta información se da en el contexto de una serie de denuncias por presunta corrupción de la administración estatal pasada; al respecto, el 28 de marzo pasado la actual secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre, informó a diputados locales que de los 146 millones de pesos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), solo se reportó el dos por ciento.
También reveló que había un millón 052 mil recibos sin comprobar, representando 263 millones de pesos, por lo que se llamó a cuentas a la extitular de la dependencia estatal, sin que se haya presentado, por lo que se procedió a remitir el expediente al Órgano Interno de Control, siendo 33 denuncias en total en contra de exservidores públicos.
A la fecha solamente un exsecretario del Gobierno anterior ha sido vinculado a proceso por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo cual ocurrió la semana pasada (jueves 31 de agosto), aunque en el caso del extitular de Educación se investiga un posible daño al erario por apenas ocho millones de pesos.
Asimismo, la consejera jurídica del Estado, Tania Contreras, reveló posteriormente que el caso de Mario “N” es apenas una octava parte de los exfuncionarios que estuvieron al frente de dependencias de la anterior administración estatal señalados en carpetas de investigación.