Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
La vinculación a proceso del ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Mario “N”, es apenas una octava parte de los ex funcionarios que estuvieron al frente de dependencias de la anterior administración estatal.
Y es que ocho ex secretarios son señalados en carpetas de investigación, entre estos el que estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), que tiene que ver con la disposición de despensas por un monto superior a los 500 millones de pesos, confirmó Tania Gisela Contreras López.
La titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado explicó que en el caso del ex titular de la SET, vinculado a proceso, será llamado a juicio, donde tendrá que acreditar en el proceso judicial cuáles fueron los motivos y bajo qué facultades realizó la contratación con una agencia de seguros, cuando es la Secretaría de Administración la que tiene esas atribuciones.
“El juez irá construyendo todo el proceso de aportación de pruebas y alegatos para finalmente concluir con una sentencia en la que se determine si existe o no el delito señalado”, comentó la titular de la Consejería.
Contreras López señaló que la vinculación a proceso del ex titular de la SET ha sido a golpe de insistencia ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), “de seguir actuando en cada una de las carpetas de investigación, en que no se pueden quedar estancadas o con diligencias que no producen un resultado real”.
También de dar seguimiento a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de seguir actuando contra la impunidad para erradicar los actos de corrupción que se cometieron en el pasado y que sirva de ejemplo para la presente administración estatal, subrayó.
Comentó que a la fecha son 57 carpetas de investigación en manos de la Fiscalía Especializada, aunque se reservó un número adicional de denuncias que se han presentado.
Tan solo una de ellas, indicó que tiene que ver con la disposición de despensas, de la Secretaría de Bienestar Social, por más de 500 millones de pesos, que en suma con las demás denuncias, el daño al erario estatal podría ser de entre 800 y mil millones de pesos.