Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Por lo menos 15 exservidores públicos, entre estos exsecretarios de la anterior administración estatal, podrían estar involucrados en la extorsión a un grupo de empresarios, con el objeto de despojarlos de terrenos en el desarrollo turístico de la playa Miramar, de Ciudad Madero.
Además de los exfuncionarios públicos, podrían estar involucrados también jueces y ministerios públicos, que además de sembrar un expediente penal, libraron orden de aprehensión contra un grupo de empresarios para despojarlos del predio, denunció el abogado José Isabel Luna Chávez.
Al acudir a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), donde interpuso una denuncia, respaldada con por lo menos siete tomos de pruebas, convino en que el resultado de la investigación permitiría conocer, entre otras cosas, ¿quién le ordenó al juez?, tras exponer que sin ello no se libera orden de aprehensión.
“Es un trabajo de investigación, en la que la anterior administración estatal ocupó jueces, Ministerio Público, personas del Gobierno dependientes del Ejecutivo estatal para efecto de extorsionar a un grupo de empresarios y una empresa, con el fin de despojarlos de terrenos en la playa Miramar de Ciudad Madero”, estableció.
Por el sigilo de la investigación, no reveló los nombres de las personas afectadas, toda vez que estarán inmersas en una investigación penal.
“Se inventó una investigación para efecto que un despacho de México fuera el portavoz, ahí se materializará la extorsión, siembran un expediente penal, libran orden de aprehensión, se prestan jueces y ministerios públicos para ello, con eso extorsionan a una empresa para quitarles las tierras, utilizando el Estado con dos empresas particulares para comprar el terreno”, explicó.
En otras palabras, citó que ocuparon al Estado para pasar tierras a particulares.
Corresponderá a las autoridades competentes determinar si hay o no participación del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tomándose en cuenta que por los hechos tienen que ver servidores públicos de la anterior administración estatal, que tendrán que acreditar quiénes, por qué y quién les dio la orden.
