Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Diputación Permanente separó del cargo al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, y designó provisionalmente en su lugar a Jesús Eduardo Govea Orozco.
En una sesión privada, el órgano legislativo procedió a aprobar por unanimidad de votos el resolutivo, en el que se señala que la separación del funcionario obedece a que perdió los requisitos de elegibilidad para mantenerse en el cargo.
Tan pronto rindió protesta, Govea Orozco se dirigió a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para asumir como nuevo titular.
El nuevo fiscal es un prestigiado abogado, con amplia trayectoria en el servicio público. Durante muchos años fue funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía.
Un comunicado del Congreso del Estado precisa que el reemplazo de Ramírez Castañeda se hizo en defensa de la observancia de las disposiciones establecidas en la constitución, en materia de procuración de justicia y seguridad pública.
“Este Congreso del pueblo se encuentra facultado para actuar, conforme a la Constitución Local, para nombrar al titular de esta dependencia y, por ende, también para vigilar y supervisar que, en el caso de aquellos servidores públicos que le compete nombrar, también le compete vigilar y supervisar que el requisito de permanencia se cumpla”, precisa el comunicado.
Se aclaró que se respetó el debido proceso de Ramírez Castañeda, al notificarle oportunamente del inicio del procedimiento y sus consecuencias, para que pueda hacer uso de su derecho de defensa.
“Lo que el día de hoy vimos es solo la medida cautelar que se le impone dentro del citado procedimiento, de tal forma que se solicitó a la Diputación Permanente separarle provisionalmente del cargo, sin que ello se traduzca en una decisión definitiva que modifique la situación jurídica del ciudadano en mención” precisó.
Sin embargo, no se informó las razones por las que Ramírez Castañeda perdió los requisitos de elegibilidad.
Durante los últimos meses, el ahora exfiscal fue severamente cuestionado desde el Poder Ejecutivo, debido a la lentitud para integrar las más de 50 carpetas de investigación por corrupción, iniciadas contra exfuncionarios de la administración del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, y de este mismo.
