Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Durante el periodo comprendido del ocho de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solamente resolvió 101 de las 573 carpetas de investigación que tiene en trámite, pero de esas solo 12 fueron judicializadas.
De acuerdo con el documento denominado: “Segundo Informe de Actividades Sustantivas y Resultados”, publicado en la página de internet de la misma Fiscalía, que encabeza Raúl Ramírez Castañeda, el 82 por ciento de las carpetas, 472 en total, continúan en trámite.
Se detalla que de las 101 carpetas resueltas, en 46 se decretaron inejercicios de la acción penal; en 21 la Fiscalía se declaró incompetente; en once no se abrió investigación; seis fueron archivadas temporalmente y otras tres fueron acumuladas.
Solamente doce de ellas fueron judicializadas, pero todavía falta ver si los jueces dictan sentencia condenatoria.
El informe señala que en seis de esos 12 casos se han logrado autos de vinculación a proceso “al acreditarse por parte del Ministerio Público la existencia de indicios razonables que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió”.
Además, tres fueron sobreseídas, declarándose “la extinción de la acción penal, cuando las condiciones establecidas por el Juez de control en la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado”.
Para el Fiscal representa un logro y muestra de efectividad el hecho de que de las 101 investigaciones determinadas, ninguna de ellas haya sido revocada por alguna autoridad.
En su informe, el fiscal Ramírez Castañeda sostuvo que: “La corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional, para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad”.
Y añadió: “En este segundo año de trabajo todos mis esfuerzos se siguen encaminando a que, con irrestricto respeto a los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad, honradez, disciplina, lealtad, eficiencia, integridad e imparcialidad, se fortalezcan las acciones de la Fiscalía para garantizar una investigación profesional que nos conduzca a la sanción de los delitos de corrupción”.
