Rogelio Rodríguez Mendoza
El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia penal en contra de seis diputados de Morena, dos funcionarios del Congreso del Estado, y del titular interino de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco.
En conferencia de prensa, el abogado, Edy Barón Levy, informó que
los acusados son Úrsula Patricia Salazar Mojica, Casandra de los Santos Flores, Consuelo Lara Monroy y Gabriela Regalado Fuentes, Humberto Prieto Herrera, Elipaleth Gómez Lozano y José Alberto Granados Davila.
También el secretario general del Congreso, Lorenzo Ochoa, y Adolfo Pastor.
En las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, se les imputa los delitos de, contra la soberanía de estado, rebelión y usurpación de funciones, y los que resulten.
El abogado explicó que, dichas conductas delictivas se originaron de la resolución que emitió, el pasado viernes, la Diputación Permanente, al separar de su cargo al fiscal anticorrupción, Raúl Ramirez Castañeda, y designar provisionalmente a Jesús Eduardo Govea Orozco.
“Aclaro que no estamos defendiendo al fiscal. Estamos defendiendo la institucionalidad de la fiscalía anticorrupción”, precisó.
Dijo que, Morena está jugando con la ley del poder, pero el PAN hará valer el poder de la ley.
“La Diputación Permanente no tiene el poder de poner a alguien. El poder es del Pleno del Congreso del Estado” señaló, al insistir en que el titular de la fiscalía anticorrupción sigue siendo Ramirez Castañeda.
“Les recomiendo que se consigan muy buenos abogados. Esto no se va a quedar así porque se violó la soberanía del Congreso del Estado” indicó.
Aseguró que los hechos ya han sido difundidos en el ámbito nacional e internacional, porque no tienen precedentes.
Por su parte, Julián Coronado, asesor de la bancada del PAN, dijo que también fue iniciado, ante el Tribunal Electoral del Estado, un juicio ciudadano de defensa de derechos políticos electorales, por la negativa de la Diputación Permanente a entregarles copias del expediente que se integró contra el fiscal Ramírez Castañeda, y que derivó en su separación del cargo.
En ese sentido, reiteró que la Diputación Permanente carece de facultades para remover a un funcionario del nivel del fiscal anticorrupción y menos de designar a un interino, porque se trata de facultades exclusivas del Pleno Legislativo.
