Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cd. Victoria, Tam.- Doce años después de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fincó responsabilidad a seis elementos de la Secretaría de Marina, (Semar), por la tortura y lesiones ocasionadas a una persona detenida en Ciudad Victoria, a quien buscaron incriminar en la masacre de migrantes ocurrida en 2011 en San Fernando.
Al resolver la queja presentada por la víctima, el tres de junio del 2021, la CNDH emitió la recomendación 125VG/2023, dirigida a la Secretaría de Marina, instruyéndola para que colabore en el inicio de carpetas de investigación contra los seis Marinos.
Además, deberá reparar el daño a la víctima; garantizarle atención psicológica y someter a cursos de derechos humanos a todo el personal de la Semar.
En su queja, la persona narró que, el 16 de abril del 2011 llegaron a su domicilio en Ciudad Victoria, un grupo de Marinos, quienes entraron por la fuerza y lo trasladaron a un rancho.
Le vendaron los ojos con cinta. Le ordenaron quitarse los zapatos. Lo pusieron contra la pared. Lo golpearon mientras lo interrogaron. Le colocaron una cadena en el cuello para ser jalado con ella y amenazaron con matarlo.
Lo obligaron a sujetar un arma larga. Le colocaron una bolsa en la cabeza mientras le apuntaban con un rifle, al tiempo que le exigían información relacionada con la muerte de migrantes en San Fernando.
En su defensa, los Marinos señalaron que mientras realizaban acciones de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, montaron un dispositivo de seguridad alrededor de un inmueble de dónde vieron salir a tres sujetos con armas largas, a quienes detuvieron en flagrancia.
“Con la valoración de pruebas, informes y otros elementos integrados en el expediente, entre los que se encuentran dictámenes de integridad física y de medicina forense en mecánica de lesiones, la CNDH encontró elementos suficientes para acreditar que la víctima fue objeto de actos de tortura por parte de, al menos, seis elementos aprehensores, quienes son identificables por haber suscrito la puesta a disposición de la persona detenida, y al hacerlo resultaron ser responsables de garantizar su integridad y seguridad personal durante su retención y traslados” concluyó la CNDH.
