Alfredo Guevara.-
La sustracción de agua a través de pozos profundos o norias, así como la extracción ilegal en las redes que conducen ese líquido en zona urbana como rural es una realidad en Tamaulipas, no obstante que está catalogado como un delito grave.
El presidente de la Comisión Recurso Agua en el Congreso local, Juan Ovidio García, señaló que la misma población es quien se queja del robo de agua que están cometiendo otras personas en sus poblaciones y zona urbana de los municipios, sin que exista sanción de por medio.
Tras sostener una reunión con la representación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), División Golfo Norte, adelantó que la dependencia programa la realización de un censo para conocer, entre otras cosas, el número de pozos que tienen permiso para la extracción de agua, así como los que operan en forma irregular.
La idea de la Conagua en principio, es convocar a quienes no cuentan con permiso o concesión para la extracción de agua en pozos, a que normalicen su situación y cuenten con el permiso correspondiente, siempre y cuando las condiciones donde se encuentren lo permitan.
Sin embargo, no acatar el ordenamiento de la dependencia federal implicaría medidas de acuerdo a la ley, contra quien resulte responsable de lo que la misma legislación establece como robo de agua.
El legislador añadió que los organismos operadores de agua potable y drenaje (Comapas) también han emprendido un programa de revisión para detectar posible sustracción de agua de sus redes, con el objeto de utilizar las herramientas que ofrece la ley, como lo es la denuncia.
Dijo tener conocimiento de por lo menos 30 denuncias por robo de agua, interpuestas ante agentes del Ministerio Público o la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en su mayoría levantadas en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, donde el ilícito es más frecuente.
Ovidio García consideró importante poner en orden esta situación en la zona urbana como rural, dado que hay muchos pozos operando en forma irregular, es decir sin permiso ni concesión por parte de la Conagua para la extracción de ese líquido, que, de una u otra forma, sobresaturan el uso del agua.
