Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La respuesta del gobierno a las desapariciones ha sido inefectiva e insuficiente, como refleja el altísimo índice de impunidad para estos delitos, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
De acuerdo con estudios de la misma ONG, aunque se ha mejorado la atención a los casos de desapariciones, la impunidad sigue siendo del 96.5 por ciento.
“Si bien observamos una disminución en el índice de impunidad, sus niveles siguen siendo extremadamente altos”, advirtió.
Además, de los casos que se llegan a judicializar muy pocos son los que terminan en una sentencia condenatoria, lo que cual obedece a diversos factores, entre ellos el que las fiscalías judicializan casos débiles en términos de prueba, detienen a las personas equivocadas, o cometen fallas procesales de tal magnitud que impactan en la posibilidad de generar convicción en el juez sobre la responsabilidad penal de una persona.
“Estas fallas no sólo niegan el acceso a la justicia para las víctimas; también las alejan de la posibilidad de acceder a la verdad con el esclarecimiento de los hechos y la localización de sus familiares”, mencionó.
En razón de ello, “México Evalúa” advirtió de la necesidad de fortalecer los procesos y recursos destinados a investigar y resolver estos delitos, garantizando una respuesta adecuada y oportuna.
“Es preciso que las fiscalías planifiquen y realicen la investigación de forma proactiva, de manera que se agoten las posibles líneas de investigación y se recaben los medios de prueba necesarios”, recomendó.
En suma, dijo, las estrategias de los últimos gobiernos para atender este grave problema no se han reflejado en una menor incidencia delictiva ni en una mayor resolución de casos.
“Seguimos sin conocer el número total de personas desaparecidas, y esto no se trata sólo de “falta de voluntad” por parte de las autoridades, sino también de carencia de personal forense suficiente, capaz en lo técnico y científico, que logre identificar los restos encontrados en las fosas clandestinas. No conocemos el perfil de las personas que desaparecen, más allá de sexo, edad y entidad”, señaló.
En ese sentido, alertó sobre la necesidad de una política de Estado que vincule la prevención, la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas desde una perspectiva de género, así como la urgencia de un análisis a partir de la lógica de la macrocriminalidad.
