Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Los partidos políticos en el estado con acceso a recibir financiamiento público, como parte de las prerrogativas a las que tienen derecho de acuerdo a la ley, le han costado al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), del 2014 al 2022, poco más de mil 330 millones de pesos.
A lo largo de ese periodo, a los institutos políticos les ha ido mucho mejor que a cualquier otro ente público, tomándose en cuenta que cada año, los recursos destinados para los partidos se han estado incrementando, y más aún cuando existe de por medio un proceso electoral.
Y es que aparte del dinero que se les entrega de acuerdo a la Ley Electoral para los periodos de campaña en una elección, además de gastos ordinarios durante cada año, no obstante que en ese periodo ha imperado un elevado índice de abstencionismo.
Tan solo para la elección de alcaldes y diputados locales, los partidos políticos van a recibir en forma puntual en términos generales 191 millones 175 mil pesos para lo que comprende la promoción del voto durante el periodo de campaña y actividades ordinarias en el 2024.
Lo anterior, luego de que el Consejo General del Ietam aprobara los ajustes al financiamiento público a los partidos políticos, donde Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) serán los que mejor “tajada” de recursos se lleven, por ser los que mayor cantidad de votos obtuvieron en la elección de gobernador, en el 2022.
Morena serán quien reciba más financiamiento público en el año, con un monto superior a los 64 millones de pesos, tres millones más que el PAN, que de acuerdo a la asignación programada para este Proceso Electoral Ordinario será por encima de los 61 millones de pesos.
Partidos políticos como el Revolucionario Institucional (PRI), recibirá poco más de 23 millones de pesos, Movimiento Ciudadano arriba de los 14, el Partido del Trabajo con 13 y al último el Verde Ecologista de México con apenas más de 13 millones de pesos.
En tiempo y forma, el Instituto programó cada uno de los pagos que en este caso irán recibiendo los partidos políticos para promover el voto a través de sus candidatos en las campañas electorales que inician el primero de marzo, independientemente de que vayan en coalición o no.
