Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para garantizar el pago a los proveedores de las gobiernos estatal y municipales, la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, presentó una iniciativa de decreto para reformar el marco normativo de la materia.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes, la legisladora por Victoria, destacó la necesidad de asegurar a los proveedores el pago por los bienes y servicios que entregan a las administraciones publicas.
Las leyes a reformar son: la de Adquisiciones para la Administración Pública y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
“Todos estos cuerpos legales refieren de manera particular, pormenorizada y tajante, las infracciones y sanciones en que puede incurrir un particular al que se le adquiere un bien, o que presta un servicio a una entidad publica, ya sea estatal o municipal, pero, ninguna de estas leyes establece la obligación de pago en un periodo determinado a los proveedores del Estado y los Ayuntamientos” explicó.
Cárdenas Castillejos consideró que, su iniciativa garantiza el pago a los proveedores de la administración pública estatal y municipal en nuestro Estado en un periodo determinado, y por otra parte, encamina a las dependencias y entidades a un gasto público razonable que encausa a finanzas sanas, estables y suficientes que liberarán a las siguientes administraciones de adeudos y compromisos de pagos atrasados
“En ese sentido, atendiendo a los principios de austeridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad en el gasto público, se establece que ni el Gobierno del Estado, ni los gobiernos municipales podrán heredar deudas a las administraciones siguientes por la contratación de servicios de proveeduría. Con ello, se busca también que los servicios que se contraten sea en atención a la necesidad y no al despilfarro de los recursos públicos.
Cuando la proveeduría sea para servicios de salud, seguridad y protección civil, entre otros que van más allá de un periodo de 3 ó 6 años, se impondrá la obligación a los ayuntamientos y al gobierno del estado, para dejar etiquetados los recursos que garanticen su pago.
“En resumidas cuentas, la presente iniciativa garantiza el pago a los proveedores de la administración pública estatal y municipal en nuestro Estado en un periodo determinado, y por otra parte, encamina a las dependencias y entidades a un gasto público razonable que encausa a finanzas sanas, estables y suficientes que liberarán a las siguientes administraciones de adeudos y compromisos de pagos atrasados” refirió.