Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cuatro elementos de la Secretaría de Marina, torturaron a un hombre en Ciudad Mante, quien terminó en un penal de máxima seguridad para ser procesado por diversos delitos federales, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al emitir la recomendación 140VG/2023, el organismo nacional señaló que concluyó la responsabilidad de los cuatro Marinos luego de “una meticulosa investigación basada en los protocolos nacionales e internacionales…”.
El 11 de octubre del 2022, la víctima formalizó una queja ante la CNDH por los hechos ocurridos el 15 de junio del 2014 en Ciudad Mante.
Ese día, estaba estacionado frente a un negocio de comida cuando fue abordado por los Marinos, quienes le preguntaban por armas y dinero. Lo esposaron y lo colocaron en el piso. Lo golpearon en distintas partes del cuerpo con los cañones de sus armas.
Posteriormente, lo llevaron a un hotel. Lo desnudaron y le tomaron fotografías, y después lo trasladaron a una bodega donde siguieron golpeándolo, al tiempo que escuchaba gritos de otras personas.
Más tarde fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y dos días después lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Para probar la tortura, la víctima presentó un dictamen realizado por especialista autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“A partir de la revisión, análisis, estudio jurídico y valoración de las evidencias del expediente, entre las cuales se encuentran los exámenes realizados con base en el Protocolo de Estambul, se estableció que a la víctima le fueron causadas lesiones de manera directa e intencional; además, se constató que existe concordancia entre la narrativa que declaró en entrevista con personal de la CNDH el 8 de junio de 2023 y las evidencias de los exámenes médicos y periciales que se le realizaron” detalla la recomendación.
Como consecuencia, la comisión solicitó a la Secretaría de Marina que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), proceda a la reparación integral del daño y otorgue la atención médica y psicológica que la víctima requiera.
Además, “deberá colaborar ampliamente en el seguimiento de la Carpeta de Investigación iniciada por los actos de tortura en agravio de la víctima, ante la Fiscalía General de la República…”.