Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las juezas y actuarias del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en los estados, laboran en un ambiente de riesgo y violencia de género mucho más desproporcionado que los hombres.
Así lo revela la organización no gubernamental, “México Evalúa”, quien ante la situación hace un llamado, urgente y enérgico a los gobiernos, para que generen condiciones que garanticen la seguridad de las funcionarias judiciales.
En los Poderes Judiciales de los Estados, el 43 por ciento de quienes imparten justicia son mujeres, mientras que del personal actuario y notificador el porcentaje de féminas es del 57 por ciento.
A nivel federal, el porcentaje de juzgadoras es del 28 por ciento y el de actuarias del 44 por ciento.
“Estas mujeres, al igual que sus colegas hombres, están inmersas en un contexto de violencia que se materializa a través de amenazas y agresiones en su contra. Sin embargo, en el caso de las mujeres, los actos están enmarcados, además, en un contexto de violencia de género” precisó la ONG.
El sondeo en 19 entidades del país, mediante encuestas y entrevistas a personas actuarias y juzgadoras, “revela que existen actos de agresión y/o amenaza contra el personal juzgador que afectan de manera más desproporcionada a las mujeres que a los hombres”.
“Estos actos son, en orden de mayor ocurrencia: insultos y amenazas, daños a la propiedad, persecuciones, amenazas de causar daño a algún familiar, la combinación de amenazas y daños a la propiedad, y los ataques a través de medios de comunicación y redes sociales.
“Lo anterior es un indicio de que los ataques hacia las mujeres juezas y magistradas tienden a generar una afectación de carácter más psicológico, y apuntan a vulnerar aspectos que estereotípicamente se consideran más preciados para las mujeres: la familia y la integridad moral. Por su parte, en el caso de los jueces y magistrados, las agresiones apuntan más a la afectación física y patrimonial” señaló.
La investigación reveló que, hay actores que tienden a ser más agresivos cuando la persona funcionaria es mujer.
Esto se da, según algunos testimonios, porque en determinados entornos las mujeres infunden menos respeto que los hombres. Aunado a lo anterior, culturalmente la imagen de la mujer aún no está totalmente asociada a la representación de autoridad.
Además, a la mujer se le percibe más vulnerable.
“Una funcionaria refirió que a las mujeres en particular las tratan de amedrentar mencionando que saben que tienen hijas e hijos, que conocen dónde viven. A una actuaria le dijeron que iban a desaparecer a su hija, de quien sabían que tenía cierta condición de vulnerabilidad. A otra actuaria embarazada la encerraron en una papelería, junto con el abogado de una de las partes y un policía. A ella, además de encerrarla, le dedicaron burlas relacionadas con su embarazo. A otra funcionaria federal le quemaron su casa, con sus hijos dentro” refirió.
“México Evalúa” lamentó que, a pesar de todo lo anterior, tanto en el ámbito local como federal, no existe un solo poder judicial que desarrolle medidas específicas para sus funcionarias.
“Por ejemplo, un aspecto que debería resultar obvio: a las juzgadoras federales se les brindan chalecos antibalas iguales a los que usan los hombres, los cuales les resultan inutilizables porque no dejan espacio a sus senos”.
Ante ello, urgió a los gobiernos, y en particular a los Poderes Judiciales, a diseñar estrategias y medidas de protección desde una perspectiva de género, es decir, reconociendo las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad en las que las actuarias y juzgadoras desarrollan su labor.
“Es importante que en el diseño se atienda lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular en lo que respecta a la violencia física y psicológica” planteó.
