Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
Con dedicatoria a los diputados de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de decreto para crear en el Código Penal del Estado el delito de fraude a la Constitución, y castigarlo con penas de uno a seis años de prisión.
En ese propósito, el diputado Félix Fernando García Aguiar propuso adicionar al ordenamiento punitivo los artículos 421 Quater y 421 Quinquies.
El primero de los artículos señalaría que: “Comete el delito de fraude a la Constitución la persona diputada que, a sabiendas de su inconstitucionalidad, ejerza sus atribuciones legislativas para expedir un acuerdo o decreto que tenga el fin o tenga como efecto nulificar un derecho humano, principio constitucional o invada una competencia concedida a otro poder, u órgano autónomo”.
A su vez, el segundo de los artículos propuestos establecería: “Al responsable del delito previsto en el artículo anterior, se le impondrá una sanción de uno a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como su inhabilitación para ejercer el derecho al voto y ser votado por seis años”.
En la exposición de motivos, el también coordinador de la bancada del PAN argumentó que la acción legislativa tiene por objeto perseguir con mayor contundencia las conductas antisociales, como la emisión de decretos o acuerdos inconstitucionales por parte de las y los legisladores locales a sabiendas de su inconstitucionalidad.
Estas conductas, dijo, se han vuelto frecuentes por parte de diputados locales, para apoderarse de atribuciones públicas que constitucionalmente le corresponden a otros servidores públicos, o bien para la obtención y apropiación de recursos económicos.
García Aguiar expuso como ejemplos de fraude a la Constitución, la creación de la Junta de Gobierno y todos los decretos que modificaron la ley interna del Congreso del Estado sin los 24 votos que exige la carta magna del estado.
También se refirió al acuerdo para nombrar un encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción y un titular interino de la Auditoría Superior del Estado.
