Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.-
Ante el aumento de los casos de agresiones sexuales, la diputada Consuelo Nallely Lara Monroy presentó una iniciativa de decreto para duplicar las penas para los delitos de abuso sexual, estupro y violación en agravio de menores de edad, cuando sean cometidos por profesionistas cercanos a las víctimas, como el caso de maestros.

La legisladora por Morena justificó su propuesta con el argumento de que “Con base en la vulnerabilidad a la cual están expuestos niños, niñas y adolescentes es necesario cambiar las penas, aterrizando sobre todo en aquellos profesionistas que desde su estructura jerárquica se aprovechan de esta posición para cometer abuso sexual, utilizando el tiempo o la relación que comparten con los menores”.

PROPUESTA DE PENAS MÁS SEVERAS

Tomando en cuenta las penalidades que tienen actualmente, la propuesta plantea castigar el abuso sexual con prisión de 12 a 26 años; el estupro con seis a 14 años; y la violación con una pena mínima de 20 y una máxima de 36 años.

Detalló que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas se registraron, de enero a diciembre del 2023, 863 casos de abuso sexual y 592 de violación.

“Lo anterior es alarmante, pues tal parece que existe un bajo índice de denuncias presentadas derivado de la desconfianza en las instancias encargadas de resolver el conflicto, ya sean administrativas o jurisdiccionales”, indicó.

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PROPONE FORTALECER PROTECCIÓN INFANTIL

Además, Lara Monroy plantea adicionar una fracción IX al artículo 37 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer la obligación de las autoridades de crear mecanismos de atención y seguimiento de casos de agresiones sexuales.

De esa manera, la citada fracción precisará como obligación de la autoridad, “Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual, así como de cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos”.

En los próximos días, los diputados entrarán al análisis de la acción legislativa para determinar su viabilidad.