Tras una votación dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó levantar la suspensión a la ley anti inmigrante SB4 de Texas, la cual permite a la policía local arrestar a migrantes que sean sospechosos de cruzar la frontera de forma ilegal.
Ley anti inmigrante en Texas
Bajo esta legislación, cualquier policía de Texas tiene la autoridad de arrestar a migrantes por entrar de forma ilegal al país, además de que un juez podría ordenar la salida de los migrantes de Estados Unidos.
Esta ley, conocida como SB4, había sido puesta en pausa por el máximo tribunal a principios de marzo luego de una demanda presentada por el Departamento de Justicia, que argumentaba que Texas sobrepasa la autoridad inmigratoria del gobierno federal.
Esta suspensión fue extendida y el lunes 18 de marzo la Corte Suprema había suspendido indefinidamente la legislación.
SRE reprueba ley SB4
A través de un comunicado en su cuenta de X (Twitter), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reprobó que la ley SB4 de Texas entrará en vigor, argumentando que: «pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.»
📄 El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprueba la entrada en vigor de la ley #SB4 en Texas, que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y… pic.twitter.com/jG4rVfbzru
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 19, 2024
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Claves de la Ley anti inmigrante
La ley SB4 fue aprobada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, el año pasado y aunque entraría en vigor este 5 marzo del 2024, la misma ha sido frenada por jueces federales.
Esta ley penaliza los ingresos ilegales a Texas, convirtiéndolo en un delito estatal, lo que permite a los policías detener y deportar migrantes. Además, pueden detener a una persona simplemente por sospecha.
La ley también autoriza a los jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
Además, destinará 1 mil 500 millones de dólares para que el estado construya su propio muro fronterizo.
