Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El diputado de Morena, Marte Alejandro Ruiz Nava, impulsa una reforma al Código Penal para castigar hasta con seis años de prisión a quien denuncie con falsedad a otra persona.
Con ese objeto, plantea incorporar en el código punitivo el capítulo IX, denominado Acusación o Denuncias Falsas, que constaría de los artículos 266 Bis y 266 Ter.
El primero de los artículos señalaría que: “Al que presente acusación, denuncia o querella en contra de otro, atribuyéndole un hecho determinado que la ley señale como delito, con pleno conocimiento de que ese hecho es falso, se impondrán, de dos a seis años de prisión y sanción pecuniaria por el equivalente de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización.
“Asimismo, como reparación de daño se impondrá el equivalente de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización. Sólo se procederá contra el autor de este delito, en virtud de sentencia ejecutoriada o auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional que hubiese conocido del delito imputado. No se aplicará sanción alguna al autor de la acusación, denuncia, o querella, si los hechos en los que se base son ciertos, aunque no constituyan un delito, y por error les haya atribuido ese carácter”.
Por su parte, el artículo 266 Ter prevé agravamiento de las penas cuando el responsable sea un servidor público.
“Si la conducta señalada en el artículo anterior la comete un servidor público, se duplicarán las penas y se impondrá la destitución del cargo, además la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión publica, hasta por el doble de la pena de prisión impuesta; excepto que la denuncia se haya realizado en ejercicio de sus funciones”.
El legislador argumentó que, las denuncias falsas son acciones que se realizan con la intención de intimidar, difamar, extorsionar y/o desprestigiar a la persona denunciada bajo un falso pretexto penal.
“Generalmente las denuncias falsas el denunciante tiene como premisa dar la mayor publicidad posible a su denuncia antes que comprobar que los hechos denunciados son ciertos, por ello el acusado o víctima de una situación así tiene abiertos dos frentes: uno en el juzgado que lo obliga a gastar dinero en un abogado defensor, y el otro, en su entorno social, laboral o familiar en virtud del desprestigio y el daño moral y psicológico que se ve obligado a afrontar y a tratar de limpiar para no verse afectado en su reputación” abundó.
