Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.- Los Poderes Judiciales (el federal y los estatales), necesitan con urgencia un reforzamiento del “blindaje” constitucional, a través de mecanismos y políticas públicas que salvaguarden su independencia, advirtió la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Es así, dijo, porque durante los últimos años se han incrementado, e intensificado, los ataques a los Poderes Judiciales, sobre todo desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual ocurre porque aquellos fungen como contrapeso en la validación de leyes o en la ejecución de iniciativas.
“Los intentos por descafeinar o erosionar la actuación imparcial de las personas juzgadoras toma distintas formas. Por ejemplo, se aprueban presupuestos insuficientes; o se presentan iniciativas regresivas para quitarles facultades. Se ha llegado al extremo de atacar la integridad del personal judicial” acusó.
Además, recientemente el ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para someter a las urnas la designación de las personas juzgadoras (ministros, magistrados y jueces federales y locales).
“Supuestamente se busca atender “la ausencia de una verdadera independencia” en las instituciones impartidoras de justicia, pero obviamente que , politizar el proceso de su designación no resolverá el problema, sino todo lo contrario” indicó.
Y añadió: “Los jueces se deben a la verdad, sus sentencias deben ser impecables y alineadas a los hechos, evidencia y el buen juicio. No pueden estar preocupados por el “quedar bien” o por “agradar” a clientelas políticas”.
En razón de ello, “México Evalúa”, hizo tres propuestas:
Una, dar garantías presupuestarias a los poderes judiciales, a través de presupuestos suficientes para mejorar sus servicios de impartición de justicia y blindarse de presiones indebidas.
Otra propuesta es garantizar una vigilancia independiente contra la corrupción, a través de la creación de mecanismos establecidos en la constitución.
“Para esto se necesita desarrollar políticas que favorezcan la prevención, control y sanción de actos de corrupción en su interior. Además, la designación del titular del órgano de control no recaería en los propios poderes judiciales, sino en los congresos. con base en medidas de transparencia y criterios de selección objetivos” precisó.
Una tercera propuesta sería la creación de medidas para asegurar los perfiles idóneos.
“La Constitución también debería contemplar elementos para fortalecer los procesos de designación de magistrados, jueces y consejeros de las judicaturas” indicó.
Entre las recomendaciones que deben considerarse para que estas designaciones garanticen los mejores perfiles, están: concursos de oposición sólidos y transparentes, procesos abiertos y participativos, y prohibiciones con temporalidad definida en torno a su afiliación partidista o participación dentro de un gobierno.
“Recordemos que la justicia estatal es la primera puerta que las personas tocamos para buscar soluciones a nuestros conflictos cotidianos. Sin el entorno legal adecuado, la afectación no sólo es para los poderes judiciales locales, sino para los miles de mexicanos que buscan acceder a la justicia para salvaguardar otros derechos” abundó.
